Nada distinto y extraordinario fueron esas primeras exigencias públicas de ciudadanos que sintieron como el órgano encargado de dar respuestas a las necesidades básicas, el gobierno nacional a cargo de Nicolás Maduro, sencillamente se excusaba con argumentos manidos y dejaba que los problemas se agravaran, sin importarle la suerte de la gente.
En el marco de una sociedad democrática, lo justo hubiera sido que el Poder Ejecutivo aceptara las demandas ciudadanas y buscara formulas para resolver los inconvenientes a la gente del Táchira pero no ocurrió así porque entendió la protesta como un desafío y, entonces, el reproche local se transformó en una férrea crítica nacional a partir del 12 de febrero, fecha emblemática por ser el Día de la Juventud.
Las razones de los tachirenses son las mismas razones de los venezolanos de cualquier ciudad o pueblo del país porque, para citar solo dos aspectos clave, Venezuela vive la mayor tasa de inflación mundial, de 57,3% con oscilaciones entre 2,4% y 3,3% por mes, según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela; y la acentuación de escasez de alimentos básicos al punto de que el gobierno nacional recién acaba de lanzar la Tarjeta de Abastecimiento Seguro que es, en el fondo, una tarjeta moderna de limitación de alimentos, la segunda en Latinoamérica después de la célebre Tarjeta de Racionamiento de Cuba, conocida popularmente en la isla como la Tarjeta del Hambre.
Un argumento sencillo rebate todas las razones del gobierno de Maduro para implantar la Tarjeta: en ningún país del mundo, salvo en Cuba, existen tarjetas o racionamientos a las compras de los alimentos porque se considera un derecho sagrado, humano, de primera necesidad.
En el caso de las protestas del Táchira y de aquellas que se desencadenaron a partir del 12 de febrero el gobierno de Nicolás Maduro optó por la vía que creyó más sencilla tomada de esa especie de decálogo de los dictadores: la represión, bajo la tesis de que la violencia oficial del Estado aplacaría inmediatamente a los ciudadanos.
Craso error que intentó combinar con la censura de prensa, la más severa ocurrida en el último medio siglo en Venezuela, al extremo que pretendió silenciar medios extranjeros como CNN y NTN24 pero, obviamente, le resultó imposible pese a la salida de la televisora colombiana de las empresas operadoras de cable nacionales.
La estrategia de represión + silencio informativo de nada le ha servido al régimen de Maduro, visto internacionalmente como un gran represor y, en otros casos, como un neodictador, porque los ciudadanos venezolanos, armados únicamente de sus derechos y de sobrado valor, continúan con la protesta pacífica y el régimen persiste en la desmedida agresión.
El mundo observa con asombro e incomprensión a un gobierno nacional que recurre a la fuerza y a los grupos de paramilitares cuyas acciones de terror son amparadas por una de las Fuerzas del estamento militar: la Guardia Nacional, tal como evidencian los videos y fotografías que están por doquier y niegan reiteradamente los altos personeros del gobierno y el Comandante de la GN.
Por una parte, ese gobierno habla del diálogo y, al mismo tiempo, esas “dulces palabras” se convierten en órdenes para enviar piquetes de funcionarios dotados con chalecos antigases y antibalas; modernos carros antimotines disparadores de bombas lacrimógenas y potentes chorros de agua; pistolas, fusiles con mira telescópica, verdaderamente armados para una acometida militar al gran campo de batalla cuyo enemigo son los jóvenes venezolanos, ciudadanos completamente indefensos cuyas únicos escudos son las barricadas y la palabra de protesta.
Es la hora del diálogo pero este mecanismo de entendimiento entre partes en conflicto, esta vía de negociación necesaria, requiere de señales claras de parte del agresor, las cuales están condensadas en los cuatro puntos propuestos por la Mesa de la Unidad Democrática: 1) una Ley de Amnistía, 2) Creación de una Comisión Nacional de la Verdad Independiente, 3) Renovación equilibrada de los Poderes Públicos y 4) La desmovilización y el desarme internacionalmente verificada de los grupos paramilitares y parapoliciales denominados “colectivos”.
Todos estos puntos son en el fondo, exigencias mínimas ciudadanas que nada tienen de extraordinarias en los casos cuando se trata de gobiernos con ejercicio democrático, pero visto que el régimen de Maduro es totalmente contrario a un gobierno respetuoso de los derechos y libertades de las gentes, es inobjetable las demandas de la MUD, que son las exigencias de los venezolanos, resultan condiciones indeclinables, innegociables.
@exequiades