La discusión acerca del aumento del precio de la gasolina es una línea que ha trazado el gobierno para justificar una decisión ya tomada. Casi me provoca no caer en ese reto. El oficialismo lo utilizará para decir que fue el resultado de un “amplio debate con todos los sectores”
En todo caso, antes de aumentar la gasolina, habría que reconsiderar las condiciones de venta del petróleo a países como Cuba y los demás miembros de Petrocaribe, que representan para ellos un subsidio igualmente costoso para Venezuela. Cabe recordar que esos países pagan la mitad de la factura a un plazo de 25 años con dos años muertos y un interés del 1%. Si se intentase descontar esa parte de la factura su valor sería de CERO. En otras palabras, se le regala la mitad de la misma. La otra mitad la pagan mediante trueque entregando productos que mantienen quebrados a los productores venezolanos que no pueden competir con ellos. Por eso, en Venezuela resulta hoy en día difícil conseguir café o carne.
A no dudarlo, mi posición cuadra fundamentalmente con la oposición. Debo aclarar que desde que fui miembro del Directorio de PDVSA (hasta enero de 1999) sostuve que el precio de los combustible en el mercado interno debería ser aumentado. En esa época lo hacíamos paso a paso, incrementando las gasolina a razón de Bs 0,25 el litro al mes y, el objetivo final, era llevar ese precio a lo que los economistas llamamos “costo de oportunidad”.
¿Qué quiere decir eso? No pretendíamos que la gasolina se vendiese en el mercado nacional al mismo precio que en otros países como EEUU, Europa o Colombia. En ellos el precio de la gasolina incluye altos impuestos domésticos (a veces mayores que el precio mismo del combustible) así como el flete.
Nuestra meta era el precio FOB (Free on Board); es decir, lo que cobraba PDVSA para exportación por barril de gasolina puesto en un tanquero en una refinería venezolana. Vale recordar que en esa época exportábamos gasolina, en tanto que hoy en día importamos cerca de 85.000 barriles diarios de gasolina y otros derivados, según consta en los informes del Departamento de Energía de los EEUU. Es irracional importar gasolina a precios internacionales para venderla a por debajo de su costo de producción en el país.
El ingreso adicional que percibiría PDVSA en aquella época la ayudaría a contribuir con las altas inversiones que se requerían en el proceso de Apertura Petrolera, así como también aumentar las utilidades de la empresa, para entregar un mayor aporte al Estado a través del pago de Impuesto sobre la Renta, Regalía y Dividendos. Por cierto de haberse respetado los contratos que se firmaron en la Apertura y de haberse continuado las inversiones como estaban previstas, hoy en día la producción petrolera de Venezuela sobrepasaría los 5 millones de barriles por día.
Según cifras publicadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) e incluso por la OPEP (excepto cuando se refiere a cifras suministradas por el gobierno venezolano), la producción del país oscila alrededor de los 2,4 millones de barriles diarios; es decir, menos de la mitad de lo que cabría esperar. De no haberse alterado aquella política, hoy Venezuela disfrutaría de una posición económica holgada y muchos de sus problemas sociales se estarían resolviendo de manera sostenible.
Pero volvamos al precio de la gasolina. Aunque reitero que en mi opinión se trata de una medida que apunta en la dirección correcta, sus beneficios podrían conducir a resultados totalmente negativos a los que se pretenden al pre establecerse el destino que se dará a los ingresos adicionales: Un ”Fondo Social” del cual se destinarían “20% para la Gran Misión Vivienda Venezuela, 20% para becas del sistema universitario, otro 20% para la Misión de Amor Mayor, otro para Patria Segura y un último 20% para vialidad y servicios”
Desde luego ese famoso Fondo Social así integrado suena muy bonito pero en realidad, además de tratarse de una posición altamente populista, es una medida contraria a la ley que atenta gravemente contra uno de los principios básicos de la Hacienda Pública Moderna: el Principio de la Unidad del Tesoro.
Todos los ingresos públicos deben ser enterados en la Caja del Tesoro (que debe ser una sola) y todos los gastos deben estar previstos en el Presupuesto, sin que se puedan afectar ingresos para cubrir gastos específicos, lo cual constituye otra regla de oro de la Hacienda Pública.
Al establecer fondos como el antes mencionado, lo que se termina logrando es la imposibilidad de controlar adecuadamente el gasto público, con lo cual se estimula exponencialmente la corrupción. Como muestra basta un botón: FONDEN.
El ministro Giordani convenció a la AN que el Presupuesto Nacional debería basarse en un ingreso que representaba cerca del 50% del precio del petróleo. El resto iría al FONDEN (que antes se llamaba FEM y era un Fondo de Ahorro y no de gasto) y que terminó recibiendo monumentales ingresos sin que la Contraloría General de la República haya ejercido control alguno sobre el gasto de esos recursos, simplemente porque no estaban previstos en el Presupuesto. Alguna vez alguien le preguntó a Giordani cómo se habían utilizado los fondos. Como respuesta suministró una lista de grandes proyectos públicos. Al sumar el costo total de esos proyectos, existía aún un brecha del orden de 40 mil millones de dólares que nadie sabía a dónde habían ido a parar. Todavía hoy en día no se conocen los Estados Financieros del Fonden. Algún día habrá que investigarlos.
Tengo razones para suponer que eso mismo ocurrirá con el Fondo Social al cual se destinará el incremento del precio de la gasolina. Si se repiten los mismos errores, no cabe esperar resultados diferentes.
Temo que el aumento de la gasolina por si sólo no resolverá los problemas de PDVSA ni del país. Es indispensable definir una nueva petrolera. Estos recursos, lanzados al torrente de un gasto público mal concebido y pero ejecutado, será como darle un último respiro aun modelo que ya se ahogó.
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@josetorohardy