Que la necesidad de dialogo sea una noticia hoy en Venezuela, es un indicador más del grave deterioro institucional de los últimos tres lustros. Creemos que el dialogo es la mejor forma de resolver conflictos en un país civilizado. El problema es que el régimen que nos gobierna está muy lejos de obedecer criterios institucionales que conduzcan al país por una senda de entendimiento y consenso. Al contrario, lo que se ha impuesto es la demolición del adversario y su exclusión y silenciamiento por todas las vías posibles sean legales o no, sean legitimas o no. No obstante, a pesar de ello comparto la necesidad del dialogo y celebro la disposición de la MUD a aceptarlo como un valioso procedimiento democrático.
Ahora lo que me parece un tanto absurdo es que se recite dialogo como un mantra, sin que a los venezolanos nos quede claro para que se sentarían en una mesa gobierno y oposición. Hace apenas unos meses estaba claro que entre otras cosas era para procurar la liberación de los presos políticos y de los estudiantes detenidos por el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta, y la búsqueda de un entendimiento para destrabar procesos como el nombramiento de Magistrados y Rectores del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral respectivamente.
Son sin duda de especial relevancia los objetivos del dialogo antes mencionados. Pero en cuanto a lo que concierne a los Poderes, tanto Judicial como Electoral, creo que hay que ampliar la perspectiva para que incluya no sólo el problema de los nuevos Magistrados y Rectores; sino el problema de la autonomía de los poderes, el problema de la violación por parte del CNE de principios fundamentales para el ejercicio legal y legitimo del derecho al sufragio, como son la necesaria neutralidad e imparcialidad del organismo electoral, que ponga freno al ventajismo del gobierno y que se garantice no sólo el derecho a votar sino también a elegir.
En este mismo sentido, en relación al Tribunal Supremo de Justicia, dos problemas deben ser objeto del dialogo y de negociación, como lo son el alarmante proceso de judicialización de la política y de la politización de la justicia; estos procesos alimentan la impunidad, la represión política, obstaculizan el libre ejercicio de los derechos democráticos y por ende el autoritarismo.
Pero también la situación al día de hoy es otra y exige contemplar nuevas realidades, porque han recrudecido situaciones que se han vuelto de extremada gravedad y se han convertido en serias amenazas a la paz social y a un mínimo de posibilidad de desenvolvimiento de la actividad económica.
Estamos observando un alarmante ascenso sostenido del nivel de precios que nos está llevando casi con toda seguridad a una escalada hiperinflacionaria ligada a procesos de parálisis de la economía que no tiene precedentes; varios organismos internacionales estiman que la caída de la economía este año pueda estar en una cifra cercana al 3%. Con un agravante que esta economía aún no ha descontado la caída alarmante de los precios del petróleo, estando la cesta venezolana por debajo de los 80$ el barril. Estamos asistiendo a niveles gravísimos de escasez con desabastecimiento en medicinas de 60 y 70%. Lo que a juicio de expertos se considera una terrible crisis sanitaria en medio de brotes epidémicos de viejas y nuevas endemias, que hacen más pesada la carga para una población cada vez más agobiada por la imposibilidad de lograr cubrir un mínimo de condiciones para una decente vida.
En virtud, de lo anterior, creemos necesario que los temas referidos a las medidas necesarias para detener la inflación deben ser incluidas en la negociación, porque el gobierno conduce un programa de ajuste salvaje que consiste en contraer la economía a costa de la población con la finalidad de pagar a los acreedores externos. El tema de los múltiples controles de la economía que están asfixiando al aparto productivo es otro asunto de primera importancia, ya que la proliferación sin ninguna racionalidad de controles se ha vuelto una actividad frenética al igual que la proliferación de imposiciones parafiscales abiertas y encubiertas con el sólo propósito de emascular al sector privado por razones ideológicas. Por supuesto, el tema del abastecimiento de productos básicos es central por su impacto en la vida de los ciudadanos.
Sin duda, también, el problema abrumador de la inseguridad, que en estos últimos días ha saltado de ser un agobiante y terebrante problema para el ciudadano común, a ser una amenaza contra el propio Estado, por el descontrol de los “colectivos” y el desafío que éstos han lanzado por las redes sociales al propio régimen.
Es por ello que es necesario ponerle sustancia viva al dialogo y los temas aquí sugerido nos parece de una importancia central para la vida de los ciudadanos y por tanto tendrá un impacto en la precepción sobre el mismo, porque se incluirán problemas cercanos a la vida cotidiana, lo que aumentara la valoración de la población por los procedimientos democráticos para resolver problemas.