A través de una carta entregada en el Despacho de la Gobernación de Bolívar, el concejal de Caroní y militante regional de Voluntad Popular, Iván Yáñez, exigió al primer mandatario de la entidad, Francisco Rangel Gómez, poner orden en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y a exigir a sus principales dirigentes en Ciudad Guayana a cesar los ataques en su contra.
“Quiero que como líder de la tolda roja en esta entidad asuma un rol que contribuya a no sumar nuevos argumentos y causas al ya creciente descontento que alberga la sociedad guayanesa como consecuencia de la poli-crisis que significan la escasez, la alta inflación, la incontrolada inseguridad, el colapso del servicio de aseo urbano”, expresó a través de la misiva consignada la mañana de este miércoles.
Yáñez también informó que en los últimos días ha sido objeto de los ataques de personas desconocidas, a las que vincula con el partido de gobierno, luego de que fuera responsabilizado sin pruebas como autor intelectual de la quema de ocho vehículos de la Cantv el 10 de enero.
“Tras esos hechos y actuaciones he sufrido el acoso de vehículos sin identificación que en forma reiterada vigilan mis movimientos y mi residencia, así también he padecido los ataques verbales que concejales del Psuv en sesiones de la Concejo Municipal de Caroní han proferido haciéndose eco de las denuncias sin fundamento realizada por el militante psuvista Orlando Guzmán, hecho que les puede generar potenciales consecuencias legales”, manifestó en la carta.
Las acciones
El concejal aseveró que tras los señalamientos acudió el 30 de enero ante la Fiscalía del Ministerio Público a recurrir al derecho de imputación pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), a fin de ponerse a la orden de las autoridades para ser investigado.
Luego, acudió hasta un tribunal de Puerto Ordaz para demandar a Orlando Guzmán, presidente del Movimiento Estudiantil Revolucionario Socialista Unido de Venezuela (Mersuv), por el delito de difamación agravada, tipificado en el 442 del COPP, por ser quien a través de los medios de comunicación llevó a cabo los señalamientos.
Yáñez aseguró que con esta carta espera que Rangel Gómez, como figura principal del chavismo en Bolívar, ordene inmediatamente poner freno a los ataques en los que él, familiares y entorno más cercano han sido blancos.
CARTA
Gobernador del Estado Bolívar.
Séale extensivo un saludo desde la firmeza de los valores republicanos y democráticos. Usted, señor Gobernador, ha regido los destinos de Ciudad Guayana durante los últimos 10 años y en ese tiempo lo ha hecho liderando una fuerza política, hoy conocida como el PSUV, que a la luz de su votación es la primera fuerza electoral de nuestro estado Bolívar.
Esta comunicación tiene por objeto hacerle una llamado a la responsabilidad en su condición de gobernador y de principal liderazgo de su partido. Nuestra aspiración, como opositores leales a los valores democráticos y republicanos, es que usted en un ejercicio de coherencia ponga orden en su organización y que como líder asuma un rol que contribuya a no sumar nuevos argumentos y causas al ya creciente descontento que alberga la sociedad como consecuencia de la poli-crisis que significan la escasez, la alta inflación, la incontrolada inseguridad, el colapso del servicio de aseo urbano, la baja calidad del transporte público que tiene en las “perreras” su ícono, la crisis continuada de la CVG y un etcétera largo.
Entrando en materia, considero oportuno ponerlo en conocimiento que el día treinta (30) de enero he procedido a acudir a la fiscalía a recurrir al derecho de imputación publica, en atención a los principios constitucionales y apegados al artículo 272 de Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece el “derecho a la defensa”.
Luego he acudido al tribunal del municipio Caroní a ponerme a derecho y a demandar al ciudadano Orlando Guzmán por el delito de difamación agravada, contemplado en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual estipula una pena de dos a cuatro años de prisión. También allí hice uso del artículo 60 que habla de que “toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”.
Quien el día nueve (9) de enero en forma irresponsable y hablando a nombre del movimiento estudiantil universitario del PSUV, conocido como MERSUV, quien irresponsablemente me culpó del acto de vandalismo que ocasionó la quema de varios vehículos pertenecientes a la CANTV el día ocho (10) de enero en Puerto Ordaz.
Tras esos hechos y actuaciones he sufrido el acoso de vehículos sin identificación que en forma reiterada vigilan mis movimientos y mi residencia, así también he padecido los ataques verbales que concejales del PSUV en sesiones de la Concejo Municipal de Caroní han proferido haciéndose eco de las denuncias sin fundamento realizada por el militante psuvista Orlando Guzmán, hecho que les puede generar potenciales consecuencias legales.