Pese a los avances en Derechos Humanos que se materializaron en la Constitución de 1999, el Estado venezolano sigue teniendo una política sistemática de incumplimiento de sus obligaciones internacionales en esta materia. El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, entregó un informe alternativo sobre el cumplimiento el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco de la 114° Sesión del Comité de Derechos Humanos, en la que el Estado será evaluado sobre el cumplimiento de este Pacto. NP
En el informe se compila la situación de diferentes derechos civiles y políticos en el país, que aunque estén contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están siendo amenazados por diversas leyes regresivas que pasan por el incumplimiento de las obligaciones internacionales en Derechos Humanos adquiridas por el Estado, que además desacata las recomendaciones ofrecidas por las diversas entidades de protección e impide la entrada al país a los representantes de los sistemas Interamericano y Universal de protección de los Derechos Humanos desde el 2002. En la actualidad, Venezuela tiene vigente la denuncia a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, siendo uno de los puntos más preocupantes del desacato a los organismos de Derechos Humanos.
Las organizaciones destacan que la Defensoría del Pueblo no se ajusta a los criterios de independencia establecidos en los Principios de París, así como tampoco en la manera de selección del defensor o defensora, ni en cómo la institución debe ejecutar sus funciones, esta misma idea ya fue planteada por el Comité en sus recomendaciones luego del Examen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). Esta falta de transparencia hace que existan prácticas discriminatorias por motivaciones de tipo político para la asignación de empleo, becas, cupos de estudio y contratos con la administración pública.
Uso desproporcionado de la fuerza
Las manifestaciones públicas, práctica usual para el reclamo de derechos y bienes públicos por diversos sectores de la sociedad venezolana, sufren la represión a través del uso desproporcionado de la fuerza. El Estado ha modifiicado con el tiempo el marco legal para, por ejemplo, poder catalogar el cierre de vías como delito, tras la reforma del Código Penal en el año 2005.
La militarización de la seguridad ciudadana no ha reducido los índices de criminalidad, observándose el incremento de personas fallecidas en hechos violentos. Igualmente, no hay esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar la tortura. El informe además señala que hay evidencia de incomunicación de detenidos, traslados de lesionados víctimas de abuso de fuerza; hay falta de consignación de informes médicos forenses en los expedientes y consignación en expedientes de informes médicos no independientes realizados por profesionales de salud adscritos al órgano de detención, entre otras actividades que vulneran los Derechos Humanos.
Por otro lado, en las manifestaciones del primer trimestre del 2014 se evidenció la participación de civiles armados en conjunto con los cuerpos de seguridad, pues no se hicieron esfuerzos para sancionar y minimizar estas acciones. El Estado no se ha esfuerzado para resarcir a las víctimas de detenciones arbitrarias de inicio del 2014, por el contrario convirtió la prisión preventiva excepcional en la norma dentro los centros de detención, trayendo como consecuencia directa el hacinamiento de los recintos destinados para la detención y los penitenciarios.
Politización del poder judicial
La politización del poder Judicial ha sido progresiva desde el año 2000, que fue la última vez que se llamó Concurso de Oposición para los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. La mayoría de los jueces en la actualidad tienen carácter provisorio y además son de libre nombramiento y remoción, lo que vulnera la seguridad jurídica.
En el informe se destaca que se sigue aplicando el cuerpo de leyes militares para civiles, aun cuando los delitos no están tipificados en esas leyes. El Foro por la Vida señala que conoce de casos de abogados que han sido detenidos por su labor de defensa. De la misma manera indica que la libertad de expresión sigue teniendo limitaciones en la aplicación discrecional de la Ley de Responsabilidad de Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en la vigencia de vilipendio y desacato, en las restricciones administrativas a los medios de comunicación, y a las numerosas agresiones físicas que sufren los periodistas e infociudadanos.
Libertad de asociación
La defensa de los Derechos Humanos es en la actualidad una labor amenazada, en la que tanto las organizaciones como los defensores y defensoras se ven afectados directamente. Cuestionamientos sobre su financiamiento, criminalización por el uso de los sistemas de protección de Derechos Humanos y violaciones a la privacidad de sus comunicaciones, han sido de las prácticas utilizadas por el Estado y funcionarios públicos. Las organizaciones de Derechos Humanos ya no tienen la potestad de poder representar víctimas contra funcionarios.
Según las ONG miembros del Foro por la Vida, se les impone a ellos una postura partidista, contraria a la autonomía e independencia que tienen. Destacan que son las organizaciones del poder popular (OPP) las que pueden gozar de los derechos de organización, condición que no es justificable.
La libertad sindical también está amenazada; se ve asediada por las restricciones y criminalización del derecho a huelga, así como las limitaciones para redactar sus propios estatutos y elegir libremente a sus representantes.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas han permanecido al margen de lo que ha sido el otorgamiento de licencias de exploración y explotación en territorios bajo su mandato. Así mismo, la demarcación de los territorios de los pueblo indígenas está en mora, desde que se promulgó la CRBV en 1999 y sus dos años posteriores de plazo.
El informe oficial presentado por el Estado no incluyó a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su visión de la situación actual venezolana. En vista de esto, las recomendaciones ofrecidas por el Foro por la Vida incluyen:
-Cumplir con los compromisos internacionales adquiridos, garantizando que las leyes internas redactadas sean compatibles con las normas dispuestas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y que se permita la visita de representantes de los sistemas de protección de derechos humanos.
-No interferir en el trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo, que su tarea se ajuste a los Principios de París y vigilar que las leyes habilitantes sean utilizadas para su fin requerido y no para la creación de delitos o regulación de derechos.
-Proteger los derechos de las minorías y promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como la erradicación de la discriminación.
-Proteger el derecho a la vida, violencia contra la mujer, prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y lucha contra la impunidad.
-Garantizar que mandos policiales y estrategias de seguridad ciudadana y control de orden público, estén en manos de personal civil debidamente capacitado.
-Adecuar de manera inmediata las condiciones de detención de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). -Garantizar que todas las personas bajo custodia tengan acceso a una segunda opinión con un médico de su elección. Prohibir el traslado de civiles a hospitales militares.
-Garantizar la reparación integral a todas las víctimas de tortura y brindar información al respecto.
-Corregir la práctica fiscal de criminalizar a manifestantes.
-Derecho a la libertad y seguridad personal, y derechos de las personas privadas de libertad.
-Juicio Justo e Independencia Judicial. Eliminar la figura del patriota cooperante y las pruebas que provengan de denunciantes anónimas. Convocar a concursos de oposición para todos los cargos de jueces.
-Libertad de pensamiento, conciencia y religión, prohibiendo el juicio a civiles en tribunales militares y permitiendo la labor de los abogados defensores.
-Libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación. Modificar el Código Penal y Código de Justicia Militar eliminando el delito de vilipendio o desacato. Eliminar la restricción de acceso a sitios Web y a cableoperadoras. Garantizar el acceso a papel periódico a los distintos medios de comunicación.
-Participación en asuntos públicos y derecho al voto.
-Presentar avances reales y concretos en los procesos de demarcación de las tierras de todos los pueblos indígenas y en el otorgamiento de sus títulos de propiedad.
-Promover y asegurar la más amplia consulta pública de los informes periódicos relativos a la implementación del Pacto y de otras convenciones, sin exclusión ni discriminación alguna, y desistir de políticas que puedan producir el desconocimiento de la sociedad civil, en el legítimo ejercicio de su autonomía e independencia del Estado.