Venezuela presenta un mal desempeño en el Índice de Gasto Público (IGP). Esto se debe a una creciente necesidad de financiamiento, producto del desbordado gasto público que ha elevado los niveles de deuda hasta tres veces, alcanzando para el año 2014 la cifra de 122 mil 249,7 millones de dólares. Cedice NP
Saber en qué se gasta el dinero del presupuesto público resulta indispensable y sano, pues a través de este gasto se conoce a quienes se ayuda en forma directa e indirecta. El gasto público está dividido en Gasto corrientes o de consumo: Gasto para proporcionar servicios públicos, salarios de funcionarios y compra de bienes y servicios. Gasto de capital: Gasto para mantener o mejorar la capacidad productiva del país, sobre todo infraestructuras. Y Gasto de transferencia: Capital que el Estado cede a empresas y familias que lo necesitan.
Es por ello que el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, Cedice Libertad, a través de su Observatorio de Gasto Público (OGP) para el seguimiento, monitoreo, análisis y vigilancia ciudadana de cómo se ejecutan los recursos nacionales, incorpora a este trabajo una herramienta de medición, el Índice del Gasto Público, para que de manera sencilla los ciudadanos puedan evaluar el gasto del gobierno y qué tan eficiente es en la mejora de la sociedad.
Sary Levy, economista y coordinadora del OGP de Cedice Libertad, expresó que con el IGP “se mide la planificación y sostenibilidad del gasto y se compara con el comportamiento de otros países de la región en estas dimensiones para ver cuán precisa y sostenible está siendo la conducta del gasto público en Venezuela”.
Levy manifestó que para el estudio se seleccionaron estas dos dimensiones que permiten una primera aproximación: “Ambos factores planificación y sostenibilidad, miden la calidad de las estimaciones económicas oficiales y la utilización responsable de los recursos públicos”.
Para el análisis de planificación, las variables utilizadas fueron el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación y el gasto público efectivo. “Estas se contrastaron con las respectivas estimaciones oficiales, usualmente publicadas en la Ley de Presupuesto Nacional. Al evaluar la sostenibilidad del Gasto Público, se considero el déficit fiscal y un indicador de deuda que considera su nivel y el servicio de deuda”.
El indicador desarrollado califica en un rango de (-?, 1), donde 1 refiere un comportamiento óptimo, tanto en la planificación como en la sostenibilidad del gasto. Cuando los países tienen puntajes menores a cero es porque el diferencial entre las estimaciones y las variables efectivas son muy elevadas, o el déficit fiscal y la deuda son desmedidas.
Respecto al resto de países evaluados por el IGP, Chile es reconocido como uno de los más prometedores de la región, llegando incluso a ser considerado un país desarrollado. Ha arrojado un sólido rendimiento en cuanto a la calidad del gasto público ejecutado por su gobierno. Argentina manifiesta una importante variabilidad en el manejo de las finanzas públicas por parte del gobierno, aunque sin alcanzar en ninguno de los años un alto nivel de calidad en la gerencia de los recursos del Estado.
Si bien Ecuador presenta un resultado de considerables fluctuaciones en los componentes evaluados, entre valores altos e intermedios, su rendimiento registrado para el año 2014 resulta el más elevado de los países estudiados. Por su parte, Guatemala ha demostrado un notable desempeño durante los años de estudio, registrando una tendencia favorable para la sostenibilidad del gasto público, mientras que la planificación del mismo contó con estimaciones de gran precisión.
En 2012, México logró alcanzar un notable puntaje en su IGP debido a una planificación precisa en cuanto a su desempeño económico como nación y una disminución en la brecha entre ingreso y egresos.
El OGP desarrolla varias actividades para que, de manera sencilla, los ciudadanos conozcan cómo se ejecuta el Gasto Público, y así poder hacer seguimiento del mismo, ejercer un rol más activo, exigir rendición de cuentas a los decisores del sector oficial e involucrarse en lo público. Es decir, desempeñar su derecho a la ciudadanía activa.