El cuadro de deterioro económico de Venezuela no es nuevo, ni tampoco lo ha sido la persistente alta inflación de la última década, a pesar que, en general, en América Latina la calidad de la política económica mejoró en los últimos 15 años, alcanzando como resultado un promedio de tasa anual de inflación de un solo dígito, en la mayor parte de la región. Argentina y Venezuela son los dos casos que se diferencian substancialmente de esta trayectoria regional.
En el caso de Venezuela, hay que distinguir lo que sucedió antes y después 2003, cuando se establecieron amplios controles de cambio y precios, acompañados luego de planes de control estatal de sectores económicos, dentro de una llamada “transición al socialismo”. Antes la inflación fue alta, pero comenzó a caer, como en el resto de la región, a partir del plan de ajuste de la llamada Agenda Venezuela iniciado en 1996. Hugo Chávez incluso mantuvo a la ministro de Finanzas y al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) del Gobierno anterior, al encargarse en febrero 1999. La inflación bajó del pico de 103.2% en 1996, año de levantamiento del previo control de cambio y de precios, a 12.3% en 2001. Esta fue la tasa de inflación anual más baja del período de Hugo Chávez, 1999-2013. Luego de los dos conflictivos años 2001-2, el Gobierno inició en 2003 su plan económico guiado por ideología y por la aspiración de someter al sector privado a un control político. El objetivo era elevar el gasto social, el cual iba de la mano con el objetivo electoral de construir redes locales y regionales de dependencia económica del gasto del Gobierno Revolucionario.
La causa de los graves desbalances económicos del 2014-15, asociados visiblemente a la falta de divisas para los sectores económicos, la caída en las reservas internacionales de un país petrolero que recibió cientos de miles de millones de dólares y el alza de la inflación, que se espera llegué al nivel más alto en la historia del país al cierre del 2015 (estimaciones van de 170% a 200% anual), se encuentra en un acelerado patrón de gasto público, sin cuidar los equilibrios macroeconómicos; el uso fiscal indebido de los recursos propios de la estatal petrolera PDVSA y el haber obligado al Banco Central de Venezuela (BCV) a financiar el enorme déficit del sector público con emisiones de dinero sin respaldo, tuvo las conocidas consecuencias inflacionarias, depreciar el bolívar en el mercado paralelo y de reducción drásticas de las reservas internacionales.
Luego del éxito de las misiones sociales a partir de 2004, el apetito del Gobierno de Hugo Chávez por obtener recursos adicionales del BCV y de la tesorería de PDVSA se volvió voraz. El 20 de julio de 2005, hace 10 años, se modifica la Ley del BCV, para permitir tomar reservas internacionales “excedentarias” y divisas de la tesorería de PDVSA, para ser colocados en el entonces nuevo Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN). Este era un ente de gasto público, desde cuentas en el exterior, sin la usual supervisión parlamentaria, que permitió abrir las compuertas monetarias del BCV y de la tesorería de PDVSA, para financiar el acelerado gasto público fuera del presupuesto, lo cual junto al alza de precios de petróleo, el endeudamiento con emisiones de bonos y la venta de petróleo a futuro a China, vía el Fondo Chino, permitió elevar aún más el gasto público. A partir de 2006 se fue abriendo más la brecha cambiaria (entre tasa oficial y el mercado paralelo), se propagó la corrupción en el régimen de control de cambio y la inflación se aceleró. PDVSA, exprimida en sus finanzas internas, dejo de invertir en su actividad medular y pasó a enfrentar una indetenible caída en la producción petrolera propia, en especial de crudos ligeros y medianos.
Se puede deducir de lo antes expuesto, que la aceleración de la inflación de 19,2% en 2004 a 64,7% en 2014, medida por el IPC de Caracas; y según la información disponible, extraoficial del BCV, a 120,7% entre junio 2014 y junio 2015, tiene una clara causa fiscal-monetaria muy bien conocida en la teoría, como en la historia económica. La inflación en el mundo para estos últimos doce meses se estima por J.P. Morgan que fue de alrededor de 1,5%. La realidad es que Venezuela ha entrado a la conocida dinámica hiper-inflacionaria, ampliamente documentada en el siglo XX. Se observan desde 2012 grandes y crónicos déficits del sector público, entre 15 y 20% del PIB, masivo financiamiento del BCV de gran parte de dicho déficit desde 2010; y ahora se percibe el deseo de las empresas y personas de reducir sus saldos en la moneda débil y buscar bienes, inventarios o la moneda fuerte más accesible.
La caída del poder adquisitivo real del salario desde 2014 es muy grande, Venezuela se empobrece rápidamente, tanto los sectores populares como la clase media. Este proceso de dinámica hiper-inflacionaria se retroalimenta, pues la más alta inflación eleva el déficit del sector público y exige más del perverso financiamiento monetario del BCV, con más depreciación del bolívar e inflación. Detener la aceleración de la inflación antes de que sobrepase el 200% para finales de 2015 y la caída del valor del bolívar, deberían ser la prioridad en Venezuela. Acusar a una página web que publica una medición imprecisa del mercado cambiario paralelo en la frontera con Colombia, revela una sombrosa falta de disposición del Gobierno y del Directorio del BCV a enfrentar la causa real de los graves problemas económicos.
Además, el cuadro anterior, se complica con el deterioro de las cuentas externas de Venezuela por la fuerte caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014, una pesada deuda pública externa y acumulación de deudas privadas con proveedores extranjeros, por falta de acceso a divisas, que han paralizado el suministro de toda clase de bienes y repuestos al país; afectando desde los servicios de salud hasta la capacidad productiva en la industria y la agricultura. Esta situación muy adversa en la producción nacional contribuye a aumentar los desbalances macroeconómicos del país y la presión alcista de los precios.
El aumento del gasto público desde 2004, con las diversas fuentes de fondos antes descritas, elevó la provisión de bienes públicos a precios subsidiados a los venezolanos, pero sin elevar la capacidad productiva del país, duramente afectadas en los últimos años por los asfixiantes controles establecidos y la estatización de numerosas empresas privadas por el Gobierno y su plan socialista; tampoco se han generado nuevos empleos productivos. Esta insostenible política económica generó grandes beneficios electorales entre 2004 y 2013 para el carismático y poco prudente líder Hugo Chávez. Ahora, el Gobierno de Nicolás Maduro presenta una fuerte resistencia interna en su partido, política e ideológica, para tomar las medidas correctivas adecuadas y detener el agudo deterioro socioeconómico. Estas medidas deben apuntar a buscar la estabilidad de precios, crear un mercado cambiario con una sola tasa y promover la inversión privada productiva que cree nuevos empleo y crecimiento de la producción de bienes y servicios.
En medio de la muy difícil y vulnerable situación económica y social que afecta a los venezolanos, brevemente descrita, el pasado 22 de enero se presentó en Caracas un documento suscrito por 60 economistas venezolanos, con las recomendaciones al país sobre los cambios urgentes de política económica y reformas institucionales que se consideran necesarios para reducir la inflación y estabilizar el bolívar, es decir, para sacar a Venezuela de las graves circunstancias en que se encuentra en 2015. Resumo nuestras recomendaciones:
1) Establecer un nuevo proceso presupuestario nacional ordenado, con el objetivo de reducir el déficit del sector público. Este último debe apuntar a no exceder del 4% del PIB en un plazo de dos años; y en un año de aguda caída del ingreso petrolero se debe establecer una meta transitoria más alta, aunque acorde con un programa macroeconómico, financiero y petrolero, de acciones coordinadas. Con casi 1.200 empresas estatales y nacionalizadas, casi todas con grandes problemas financieros y operacionales, además de cientos de otros entes públicos, esta tarea constituye un desafío a una forma de dirigir el gasto público, guiado por objetivos políticos-electorales. El énfasis en gasto social y en dar acceso a alimentos y medicamentos a la población de menores de recursos se debe mantener, pero usando ahora mercados funcionales y acuerdos con el sector privado, en vez de un aparato burocrático propenso a la corrupción y que facilita la existencia de mercados negros y del contrabando.
2) Rescatar la autonomía del Banco Central de Venezuela con el nombramiento de un Directorio calificado que no esté sometido a las directrices del Gobierno. El financiamiento monetario de más de una gran parte del déficit del sector público y la transferencia de reservas internacionales al FONDEN deben ser suspendidas, dentro de una programación macroeconómica coordinada con el Ministerio de Finanzas y PDVSA. Se debe crear un nuevo Fondo de Estabilización Macroeconómica, para manejar con transparencia los fondos petroleros excedentarios en el futuro.
3) Ejecutar de inmediato un plan de reorganización y saneamiento financiero de PDVSA, dentro del contexto de un nuevo plan económico, para iniciar la recuperación y elevación de la capacidad de exploración, producción y exportación petróleo y productos derivados, propia y desde de las empresas mixtas. Con un mayor flujo de divisas petroleras se contribuye a sanear las cuentas externas, indispensable para estabilizar el bolívar y bajar la inflación.
4) Operaciones de pasivos que permitan mejorar y reducir el perfil de vencimientos de la deuda externa de la República y PDVSA, además de revisar o suspender otras facilidades crediticias recibidas o provistas a otros países, dentro de un plan de reformas y nueva política económica. El país requiere de financiamiento externo en montos importantes, dentro de un plan de reordenamiento del perfil de pagos de la deuda financiera, lo cual debe contribuir para dar sustento al nuevo régimen cambiario, dentro de un cambio de orientación económica.
5) Desmontar el régimen de control de cambio, como objetivo central dentro del plan económico – fiscal, monetario, financiero – para lo cual es fundamental crear las condiciones económicas y sociales para mejorar la producción, distribución y comercio de bienes y servicios. Esta es una tarea compleja que exige fortalecer las reservas internacionales y coordinar con el sector privado para un proceso gradual de desmontaje de los controles de de cambio y de precios, hasta llegar a una situación de estabilidad, en un plazo a establecer, donde los mercados puedan volver a operar con confianza, en un mejor ambiente económico con una tasa de inflación disminuyendo rápidamente.
6) Diseñar políticas sectoriales en el contexto de los cambios de la política económica y petrolera del país, para así estimular la recuperación económica y mayor productividad laboral en los sector agrícola, manufacturero, minero, construcción, turismo. Los trabajadores venezolanos se beneficiarán directamente de la recuperación sólida de los sectores económicos ahora deprimidos, con más bajas tasas de inflación, mejores salarios reales y generación de nuevos empleos. El capital privado venezolano, que ahora invierte en varios países de las Américas podrá volver a ver a Venezuela y ayudar mucho a elevar la inversión privada y las reservas internacionales, al percibir al país como una economía en vías de estabilizarse y prosperar. La diversificación de exportaciones, más allá del petróleo, es fundamental en el mediano y largo plazo.
Entre 1925 y 1975 Venezuela tuvo una inflación anual promedio de 1,7%, una de las más bajas del mundo; junto con el prestigio del bolívar, de libre convertibilidad, considerado como una de las monedas más estables. La base de ese éxito en estabilidad económica, superior a todos los países de la región no fue el petróleo, fue un marco de instituciones y conducción de política económica caracterizado por orden fiscal, prudencia monetaria y un régimen de cambio de libre convertibilidad bien respaldado. Debemos volver a construir las bases de la estabilidad económica en Venezuela en el siglo XXI, recordando esos logros pasados.
El Gobierno de Maduro se muestra renuente a cambiar el patrón de gasto público, unido a un proyecto ideológico que ahora requiere sistemáticamente de la impresión de dinero sin respaldo en el BCV para financiar cada vez más grandes déficits del sector público. Es imposible detener la dinámica hiper-inflacionaria actual sin un plan económico coherente y creíble. Los cambios económicos, en toda su magnitud, requerirán de un clima de coincidencia, de unidad nacional, para poder realizarlos con éxito.