En principio, toda acción de los cuerpos de seguridad contra la delincuencia debe ser considerada positiva. Combatir la criminalidad con firmeza es lo que la gran mayoría del pueblo venezolano le viene pidiendo a gritos al gobierno desde hace mucho tiempo. Sin embargo, operaciones como la efectuada esta semana en la Cota 905 de Caracas y en otros tres sectores del país, deben ser analizadas con detalle para determinar si realmente son efectivas en la lucha contra el hampa o si, por el contrario, constituyen un artilugio efectista ejecutado en el preámbulo de una campaña electoral.
El éxito de este tipo de acciones depende de las labores previas de inteligencia que se realicen. Los cuerpos de seguridad deben ser precisos en la ubicación de los delincuentes que azotan al sector y de las armas que los mismos utilizan. ¿Ocurrió esto en la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) realizada en la Cota 905? Los resultados hablan por sí solos: de 134 personas que fueron detenidas solo 19 fueron presentadas ante los tribunales, los demás quedaron en libertad por no estar involucrados en delitos. En una zona donde se sabe que actúan varias de las más peligrosas y artilladas bandas de Caracas, solo se lograron incautar 12 armas cortas (varias de ellas revólveres), 2 escopetas y 2 granadas, según el parte oficial. Un colofón bastante pobre para una operación con tanta parafernalia, en la que actuaron cientos de efectivos de distintos cuerpos de seguridad.
Varios familiares de las personas que perdieron la vida en la OLP de la Cota 905 han señalado que hubo ejecuciones extrajudiciales. Entre los muertos está “un adolescente de apenas 14 años recién cumplidos la semana pasada, que fue ultimado cuando dormía. Residía con su mamá en Caripito, estado Monagas, y llegó a Caracas a pasar vacaciones con su papá” (El Nacional 16/07/2015). Ya la ONG de derechos humanos, Provea, anunció haber recibido varias denuncias de violación de DDHH.
Por otra parte, de poco sirve que los cuerpos de seguridad incursionen en un sector determinado, si inmediatamente se van y dejan a la comunidad nuevamente indefensa ante la delincuencia. Lo ideal es que luego la zona quede con presencia policial permanente, para que los criminales no vuelvan a actuar allí libremente. En Brasil, cuando las fuerzas armadas entraron a las favelas de Río de Janeiro e hicieron huir a los narcotraficantes, se mantuvieron prestando custodia por algunos meses hasta que se instalaron estaciones policiales denominadas “Unidades de Policía Pacificadora” (UPP).
Otro aspecto que preocupa sobre lo ocurrido en la Cota 905 es la tendencia hacia la acentuación de la militarización de la seguridad ciudadana en Venezuela. Esto, que hemos comentado en otras oportunidades, se produce principalmente por la poca operatividad de unos cuerpos policiales que, desde hace rato, han sido desbordados por el poder de fuego de la delincuencia. El problema es que los efectivos castrenses no están formados para las tareas ordinarias de seguridad ciudadana, sino para la defensa de la soberanía de la nación y la guerra. Por lo tanto, cuando los militares invaden las funciones policiales, ponen en serio peligro los DDHH de los ciudadanos. Esto ha sido ratificado por organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH.
Los operativos policiales solo constituyen una arista de las políticas de seguridad ciudadana. De poco sirven si tenemos un sistema de justicia sinónimo de impunidad, un sistema carcelario que sirve como escuela del delito y una política de prevención social del delito prácticamente inexistente.
El problema de la criminalidad en Venezuela debe, con urgencia, ser abordado de forma integral. Se necesita más efectividad y menos efectismo.
Twitter: @luisizquiel