En tiempos de la mal llamada cuarta república, según lo reconoció el propio Hugo Chávez durante un discurso ofrecido en la Academia Militar, a los militares venezolanos los contentaban con las famosas tres “C”: caña, cobres y cu….. Pero en tiempos de revolución parece que las cosas han cambiado. Los militares socialistas y revolucionarios ya no se conforman con esas tres letras. Quieren más.
Desde que la revolución socialista, asumió el poder en el país, los militares venezolanos han venido ocupando cada vez más y más espacios, asumiendo responsabilidades que antiguamente estuvieron reservadas para los civiles, lo cual ha hecho que poco a poco, un altísimo porcentaje de las instituciones públicas se encuentren prácticamente militarizadas, en manos de oficiales que no parecieran estar capacitados para asumir tan altas responsabilidades.
Es un hecho: la revolución socialista, que comenzó con Hugo Chávez en el año 1999, sólo ha servido para que los militares desplacen a los civiles de los espacios de poder. El fallecido ex presidente convenció a un alto porcentaje de los venezolanos de que la denominada “unión cívico militar” era el camino que le convenía a Venezuela para salir del atraso y del subdesarrollo. El comandante golpista nunca ocultó su desprecio por el mundo civil, y fue por ello que confeccionó un modelo de gobierno como un gran traje a la medida para que los militares asumieran las riendas de los sectores más importantes del país, relegando a los civiles a un segundo plano, donde no estorbaran sus planes de perpetuarse en el poder.
El proyecto de militarización de la sociedad venezolana comenzó con el famoso Plan Bolívar 2000, una iniciativa que puso a los militares a realizar tareas para las cuales no estaban especialmente preparados, entre ellas la de administrar recursos públicos. El resultado fue el esperado: la corrupción se apoderó del plan militar y la mayoría de los altos oficiales que fueron designados para asumir aquellas tareas, fueron denunciados por haberse robado los dineros del pueblo.
Como hacen los piratas cuando se apoderan de un barco cargado de oro, Chávez sacó a los militares de los cuarteles y los puso a administrar empresas públicas para que pudieran disfrutar del botín. El líder de la revolución socialista puso a tenientes, coroneles y generales a manejar los presupuestos de casi todos los organismos públicos. A otros los hizo alcaldes y gobernadores. Y a muchos los designó embajadores y presidentes de empresas públicas. El plan de Chávez tenía un solo propósito: quería que los militares que lo acompañaron en los golpes del 4F y del 27N pudieran disfrutar de las mieles del poder, manejando dineros públicos, para que se corrompieran y no tuvieran tiempo de planificar un golpe contra él.
Tras 17 años de gobierno revolucionario y socialista, el resultado de haber entregado el país a los militares está a la vista: por un lado tenemos un país empobrecido, arruinado, al borde de una crisis humanitaria por falta de alimentos y medicinas, con el más alto nivel de inflación del mundo entero, con una deuda externa impagable y al borde de un estallido social, y por el otro, a una casta militar enriquecida, borracha de poder, ostentosa, dominando todos los espacios de poder que existen en el país, y metida en casi todos los negocios y los guisos que se hacen en tiempos de revolución.
Un reportaje publicado en Tal Cual Digital nos informa que “desde julio de 2013 hasta febrero de 2016, el Ministerio de la Defensa ha creado 11 empresas para el desarrollo económico de la Fanb. Ocho de ese total abrieron durante el primer año del anuncio de la Zona Económica Militar: Banco de la Fanb (Banfanb); Empresa Agropecuaria de la Fanb (Agrofanb); Empresa Militar de Transporte (Emiltra); Empresa Sistemas de Comunicaciones de la Fanb (Emcofanb); Televisión Digital de la Fanb (TVFanb); Fondo de Inversión Negro Primero (Fimnp); Constructora de la Fanb (Construfanb) y Agua Mineral Tiuna (empresa mixta dentro del complejo industrial del Fuerte Tiuna)”.
La más reciente empresa creada por el gobierno de Nicolás Maduro para satisfacer el “hambre de poder” de los militares venezolanos, especialmente del generalato liderado por Vladimir Padrino López, es la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), creada el 10 de enero de 2016.
Camimpeg forma parte del Eje Productivo del Plan Sucre II que contempla la promoción y desarrollo de la industria militar, según el decreto 2.231 que define su creación. La empresa tiene una amplia gama de atribuciones, desde servicios petroleros de gas y explotación minera, mantenimiento de pozos petroleros, reparación de taladros, importación de productos y equipos, transporte, obras civiles, descontaminación ambiental, entre otros.
Nicolás Maduro, el mismo que anunció pocas horas después de haber perdido las elecciones parlamentarias del 6D que los militares regresarían a los cuarteles, pareciera ir en la dirección contraria. El ex chofer del Metro de Caracas está decidido a entregarle el control del gobierno a la cúpula militar que lo ha defendido y que lo mantiene en el poder. El heredero de Hugo Chávez no solamente no ha cumplido su promesa de sacar a los militares del gobierno, sino lo que es peor: les está entregando todo el gobierno.
Acosado por los gravísimos problemas que existen en el país, Maduro ha preferido entregar a la cúpula militar los pocos espacios que todavía estaban en manos de los civiles para que sea el generalato liderado por Vladimir Padrino López el que maneje por completo a la nación.
El pasado sábado 27 de febrero, Maduro activó el denominado Plan Agroproductivo Zamora-Bicentenario, que será implementado en 97 unidades de producción, 136 casas de cultivo, 2 fundos zamoranos, 114 granjas piscícolas y 66 granjas camaroneras y que será manejado exclusivamente por los militares.
Según dijo Maduro, en este novedoso plan de militarización de la economía y del campo venezolano, está prevista la participación de 5 mil 503 civiles, y 1.145 efectivos militares quienes tendrán la responsabilidad de vigilar la producción en 470 mil 569 hectáreas.
Este nuevo programa militar cívico, probablemente obra de las mentes más brillantes del socialismo del siglo XXI, pretende arrojar un total de 451 mil 388 toneladas semestral en producción vegetal, 102 mil 562 en el área acuícola y 71 mil 433 en el pecuario. Pero lo que Maduro no dice, y que todo el país sabe, es que ninguna de las empresas manejadas por los militares en Venezuela, desde 1999 hasta la fecha, ha arrojado cifras que demuestren su rentabilidad. Todo lo contrario: la mayoría de esas empresas están quebradas. “La FAN tiene una alta capacidad agroalimentaria. Es un plan concebido para la unión cívico – militar”, dijo Maduro.
Uno de los grandes retos que tiene la sociedad venezolana en los próximos años es el de regresar a los militares a los cuarteles de donde nunca han debido salir. La Asamblea Nacional tiene una gran tarea por hacer: devolver la institucionalidad a la Fuerza Armada Venezolana. Ello sólo será posible cuando los militares regresen a las funciones que les dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La norma debe ser una sola: militar que quiera hacer política, que se quite el uniforme. Oficial que quiera ser parte del gobierno, nacional, regional o municipal, que se quite el uniforme. Hay que acabar con esa dualidad perniciosa de militares que son generales y son ministros al mismo tiempo. O se es militar o se es ministro, pero no las dos cosas a la vez.
Aquí no hay unión cívico militar. Aquí lo que hay son militares desplazando a los civiles de la administración pública. Creeré en la unión cívico militar cuando vea a un civil asumiendo el Ministerio de la Defensa. Tenemos que trabajar todos para que la democracia venezolana deje de estar tutelada por los militares de una vez y para siempre.
SC. 28 de febrero de 2016
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