“Se ha desmontado la mentira de que la Ley de Amnistía amparará a homicidas, banqueros prófugos o terroristas. Todos los venezolanos saben que la Asamblea Nacional (AN) le ha abierto las puertas de las cárceles a los presos políticos y estudiantes que en 2014 salieron a la calle a luchar por la libertad y fueron condenados por pensar distinto. También a los perseguidos por este régimen corrupto que tuvieron que irse del país o les allanaron la inmunidad parlamentaria”.
Nota de prensa
Así lo expresó este martes el diputado anzoatiguense y vicepresidente de la Comisión de Defensa, Armando Armas, después de un debate que se extendió por casi ocho horas y que concluyó con la aprobación de los 29 artículos de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, una de las promesas electorales de la bancada representada por la Mesa de la Unidad (MUD).
El parlamentario señaló que este era una gran oportunidad para avanzar hacia la reconstrucción del país y dejar atrás la injusticia y la impunidad. “Este instrumento legal beneficiarán a 76 presos políticos, entre ellos a Leopoldo López, Daniel Ceballos, Manuel Rosales, Antonio Ledezma, Raúl Baduel, Gilberto Sojo, Rosmit Mantilla, Renzo Prieto, los policías y decenas de estudiantes. Pero los culpables de muertes como la de Bassil Da Costa, Geraldine Moreno, Robert Redman, Juancho Montoya, José Alejandro Márquez, Kluibert Roa y otros venezolanos, deberán pagar”.
Armas considera necesario que se conozca toda la verdad y se termine el sufrimiento de cientos de familias que han tenido que vivir por años la angustia de procesos amañados y de una justicia injusta. “Llegó la hora de recobrar la paz y volver a tener un país libre y de oportunidades. Tenemos que cerrar este capítulo doloroso y que más nunca un venezolano sea preso por sus ideas”.
Explicó que, según lo establecido en la Constitución, el presidente Nicolás Maduro tiene 10 días para presentar a la AN sus observaciones. Si se excede de los lapsos fijados, el Parlamento podrá promulgar la ley. Y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que este sólo podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma cuando se trate de delitos de lesa humanidad y de violación de derechos humanos, que en este caso no están contemplados.