La comisión de minas del Consejo legislativo del estado Bolívar, continúa haciendo el trabajo de investigación y averiguación de las muertes de mineros, y por la situación irregular en el municpio Sifontes, donde la población de Tumeremo y sus alrededores, están viviendo un estado de excepción, tomados por el ejercito, denunció el diputado Francisco Cardier, por el consejo legislativo del estado Bolívar.
El diputado y presidente de Proyecto Venezuela, partido que preside en la región, informó que en los sectores de Hoja de Lata, Vuelvan Caras, Yaguarin, San Mino, y todo el sector donde tuvo lugar la masacre de los mineros, a los pequeños mineros no le permiten trabajar, quiénes por años han estado allí y los tratan como a delincuentes.
Según Cardier, el llamado arco minero en el estado Bolívar, una de las condiciones de la transnacional Gold Reserve, que firmó con el gobierno nacional en un acuerdo para explotar Las Cristinas, ha sido la de garantizar la seguridad y la vida de las personas que trabajarán en esos sectores, “pero la vida de los extranjeros de la transnacional”, no de los venezolanos que habitan esta parte del estado, agregó.
“Allí conviven venezolanos, con seres humanos de otros países, gente de todas partes del estado y del país, que están viviendo en algo parecido a un supraestado”, agregó.
Conflicto internacional
Este conflicto en la región, que según el diputado lo traen las empresas canadienses Cristallex y la Gold Reserve, que según las leyes de Canadá no permiten que una misma empresa de su país, quite la concesión a otra empresa de su país, y que ha provocado un conflicto entre ellos, mientras que el Estado venezolano pierde un arbitraje, y tiene que pagar 1.600 millones de dólares a Cristallex, por el retiro de la concesión de Las Cristinas a esta ultima, como ha sido reseñado por la prensa nacional e internacional.
En el sector donde se presentó la masacre de los mineros, hay mucho oro, además porque estar colindando con la Sierra Imataca, que es un parque nacional, que viene siendo depredado por los mineros en búsqueda de oro, y por la poda de árboles para el aprovechamiento de la madera, bajo la mirada complaciente de la Guardia Nacional, desde hace ya muchos años.
Denunció al gobierno regional de ser el principal culpable de que el hampa se sembrara en esa región, para el beneficio de ciertos personajes, quienes son los principales culpables de la contaminación de las cabeceras de los ríos, y la depredación del medio ambiente.
Informó que estarán en el sur del estado esta semana, acompañando al presidente del consejo legislativo del estado Bolívar Kamal Naim, quien considera que las investigaciones tienen que continuar, porque ellos como legisladores están del lado del pueblo, de los mineros que están trabajando en esa zona toda su vida, y tanto ellos como sus familias merecen que se les respete como ciudadanos, concluyó.