El gobierno de Nicolás Maduro ha venido actuando al margen de la constitución y las leyes desde su comienzo en el poder. Basta, para comprobar esto, con la revisión somera de su profundo irrespeto a la vida, para lo cual la aplicación de las OLP es una demostración más que palpable, por la cantidad de muertos habituales sin proceso alguno, como si en Venezuela existiera una pena de muerte, simulada o no. Los “debidos procesos” son comúnmente irrespetados en la mayoría de los casos que siguen los tribunales, situación que se hace sumamente evidente de manera muy particular con respecto a los presos políticos, con quienes se saltan los tribunales politizados, olímpicamente, todo tratamiento contenido en tratados internacionales que en nuestro país tienen rango también constitucional.
Los derechos a la salud, la alimentación, al trabajo, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a la educación, no dejan, no han dejado, de ser en el fondo más que letra muerta constitucional, un adornito apolillado que el gobierno no suele ver si no le conviene. Hoy en día no le conviene verlos para nada; son la rémora de una democracia alterada por el gobierno en todas sus simientes.
Los límites, el cerco, las imposiciones, que se quieren establecer a como dé lugar al único estamento democrático que se ha conquistado ante la tiranía: la Asamblea Nacional, representan un desconocimiento más, abierto, al estado de derecho, al Estado.
El decreto de Maduro anulando la expulsión del gobierno de un ministro resulta una ilegalidad más y una burla al poder constituido de la Asamblea, al país democrático. Un ataque mortal, abierto, otro, a la Constitución despreciada, anulada, también así, por el gobierno nacional.
Desde luego, un gobierno inconstitucional no debería ser tratado constitucionalmente. No se juega, así, el mismo juego político ni del mismo modo, ya que las reglas son muy otras. Se avecina, o ha llegado ya el fin de la mascarada ocultadora de los rostros dictatoriales (tal como hemos visto más recientemente a través de voceros oficiales), el momento de las definiciones, de las clarificaciones absolutas. Toca el restablecimiento más inmediato de la constitucionalidad y de la legalidad. El estamento que hemos ganado para ello es la Asamblea Nacional; merece todo el respaldo del país, si queremos restituir un Estado, un estado de derecho que luche contra el abismo de deterioro causado por todos estos años de tan abierta ilegalidad. Nuevamente se le plantea al país el enfrentamiento abierto entre la civilidad democrática y el más oscuro despotismo.
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