Las más recientes declaraciones del capitán Diosdado Cabello sobre la reiterada posición del régimen de incitar al desconocimiento de la recientemente elegida Asamblea Nacional, plantea para la dirigencia del PSUV un retorno a lo que constituye la esencia de su origen: el golpismo. Y pareciera que en ese sentido, estuviera planteada en la fatídica organización, una especie de pugna entre distintos personajes vinculados al partido y gobierno, por demostrar quién es más subversivo que el otro.
En la semana que concluye se incorporaron dos nuevos contendientes: Didalco Bolívar, exonerado por el chavismo de rendir cuentas ante la justicia por los delitos de corrupción a él atribuidos durante su gestión como gobernador de Aragua y por lo que se mantuvo huyendo del país; y más reciente, la juez provisional de Carabobo, Omaira Escalona, quien prohibió seguir mencionando el nombre de Carlos Osorio, en relación con las investigaciones del parlamento por presuntas irregularidades administrativas en el ejercicio de su cargo como ministro de Alimentación.
Como es harto conocido, la gente del hoy llamado PSUV surgió en el 4 de febrero de 1992 de un golpe de Estado protagonizado por Hugo Chavez, Francisco Arias Cárdenas y otros militares, que luego de pocos años de cárcel recibieron el beneficio del sobreseimiento, no obstante, atentar contra la Constitución de la República en aquel momento. Favorecido por el voto de las mayorías, inconformes con los 40 años de gobierno de la república civilista surgida después del derrocamiento de Marcos Pérez Jimenez, Chávez disolvió el Congreso Nacional y convocó a una Asamblea Constituyente que apunto, en primer lugar contra la Constitución vigente para entonces (1989), y crear una nueva Carta Magna.
Muy poco duró la “luna de miel” entre el Presidente de la República y los distintos sectores del país. Sus acciones apuntaron primero a ejercer control absoluto sobre las instituciones claves del Estado, especialmente en el área petrolera, donde en la práctica se fundieron PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo, y la batuta quedó en manos, nada menos, que de Rafael Ramírez, hoy declarado en desacato contra la Asamblea Nacional que reclama su comparecencia para que explique los detalles relacionados con su dudosa actuación en el ejercicio de esos cargos.
Así, apoyados en la mayoría que mantuvo primero el régimen de Chávez y luego el de Maduro en la Asamblea, se fueron apoderando de instituciones claves para el funcionamiento de la democracia, tales como el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, amén de las policías de todo el país que fueron desarmadas para dejar a los pobladores de todos los municipios del país a merced del hampa.
El tercer golpe certero, y el que hoy sufre la población con mayor énfasis en su alimentación y su salud, fue dirigido a la industria nacional, cuya capacidad productiva fue reducida a los niveles que hoy soporta, por la expropiación tanto de fábricas como de fincas, cuyo conjunto permitió mantener un nivel adecuado de abastecimiento alimenticio y de medicinas por muchos años.
Pero el cambio, que comienza en Venezuela después de 17 años, con la integración de la nueva Asamblea, es el nuevo objetivo estratégico del régimen, y aún antes de su elección, cuando los personeros del régimen visualizaban lo que sucedería, tanto el Presidente de la República como voceros subalternos, comenzaban a anunciar que “el pueblo saldría a la calle para defender su conquistas”, y es esa precisamente la motivación subversiva inyectada por el PSUV a sus matones que hoy golpean a los verdaderos representantes del pueblo empeñados en el verdadero cambio en la conducción del país.
Es decir, la rebelión contra la población y sus representantes legítimos está en marcha aún antes de su toma de posesión de la Asamblea, y se manifiesta también a través de las trampas que de manera descarada ejecuta el CNE para impedirle a los venezolanos ejercer su derecho constitucional de revocar al Presidente de la República por el desastre que causa a la nación; de las decisiones de un TSJ ilegalmente constituido y que viola la Constitución de la República al desconocer las decisiones de la Asamblea; de una bancada oficialista en el parlamento, en combinación con el resto de los poderes controlados por los jerarcas del régimen, que impiden la comparecencia de funcionarios del Ejecutivos para que rindan cuenta de sus actos; y ahora de una juez provisoria de Carabobo, que trata de impedir el cumplimiento de las funciones de dos diputados que exigen a un ministro rendir cuenta sobre su actuación la cual determina que en Venezuela la población se encuentre padeciendo de hambre y falta de medicamentos en los actuales momentos.
Pero contra la rebelión chavista, que hoy se ensaña también con las armas que someten a quienes en todo el país reclaman comida, el pueblo sigue adelante y nadie parará que este año acudamos a las urnas electorales a elegir nuevo Presidente.
@JJMorenoA