No es una mera coincidencia la relación que puede establecerse entre los Estados con un alto índice de corrupción, una precaria situación de protección de los derechos humanos y una poderosa industria energética, capaz de generar enormes cantidades de dinero cuando los precios del producto que comercializan como el petróleo, alcanzan niveles altos o muy altos, mantenidos por largos años, como fue la última e inédita oleada que comenzó en 2001 y se extendió hasta 2014.
Identificar esta relación puede ser relevante, en la medida en que la lucha contra la corrupción en los niveles nacional e internacional no ha dado los resultados deseados. En este sentido, los avances alcanzados en la defensa de los derechos humanos podrían servir de argumento para apoyar el combate a la corrupción. Por ello vale la pena discutir, si el comportamiento de un funcionario que indebidamente se apropia de recursos del Estado o lo que es lo mismo de recursos de los ciudadanos, puede categorizarse como una conducta que viola los derechos humanos.
Un debate en esta dirección solo puede arrojar elementos positivos, aunque debemos de reconocer que se trata de un fenómeno complejo, muchas veces difícil de detectar y probar, en gran medida porque la corrupción ha penetrado la institucionalidad del Estado en busca de impunidad.
Con sus diferentes matices, las principales potencias energéticas de Suramérica, Venezuela y Brasil, se han visto envueltas en escándalos de corrupción sin precedentes. Ambos países albergan riquezas descomunales, que no han servido para ofrecer más y mejor calidad de vida a sus ciudadanos. El primero cuenta con la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), el mayor depósito de hidrocarburos del planeta con reservas estimadas en más de 500 mil millones barriles de petróleo pesado y extrapesado y el segundo con el Pre-Sal, que debajo de las profundidades del mar, alberga más de 100 mil millones de barriles de petróleo.
Durante el último ciclo de precios altos del petróleo, Venezuela y Brasil recibieron alrededor de 2 billones de dólares, es decir, 2.000.000.000.000 de $, de manera directa e indirecta, por medio del procesamiento y venta de hidrocarburos y sus derivados al mercado nacional, la exportación, impuestos, regalías, captación de inversiones o como palanca para el desarrollo económico. Sin embargo, en ambos países se ha producido un deterioro en las condiciones de vida que se ve reflejada en la crisis política, avance de la corrupción, inflación, pobreza, mal funcionamiento de los servicios públicos y por ende violaciones de los derechos humanos.
En el informe de Transparencia Internacional de 2015, se observa que Brasil descendió 7 puestos entre los países más corruptos, al pasar del 69 en 2014 al 76 en 2015, mientras Venezuela sigue líder como el más corrupto de Latinoamérica ubicado en el puesto No. 158, superando solo a Iraq, Libia, Angola, Sudan Sur, Afganistán, Corea del Norte y Somalia. Algunos responsables de los más sonados casos de corrupción en Brasil se encuentran en prisión o están siendo procesados. En Venezuela por el contrario solo existen denuncias. No hay ni procesados ni detenidos, únicamente en EEUU un par de empresarios vinculados a negocios con PDVSA encabezan la pequeña lista.
Por estimación de la Fiscalía General de Brasil, solo entre 2004 y 2012 se habrían desviado unos 8.000 millones de dólares, de los cuales se han intentado acciones para recuperar unos 1.500 millones de dólares, lográndose bloquear hasta el momento unos 75 millones de dólares en cuentas de investigados. Aunque no existe un cálculo preciso sobre las pérdidas sufridas por Petrobras, se afirma que podrían alcanzar unos 33.000 millones de dólares. En Venezuela, gracias a las investigaciones de expertos que coinciden con las confesiones de dos de los principales exministros de confianza del fallecido Chávez, el monto de lo indebidamente apropiado podría superar los 300 mil millones dólares.
En este punto surgen muchas preguntas asociadas al vínculo entre la corrupción y los derechos humanos, es decir, como se materializa e interpreta jurídicamente esta relación?, cuales derechos humanos se ven directamente afectados cuando empresarios, políticos o altos funcionarios del Estado o de empresas del Estado se apropian indebidamente del dinero de los ciudadanos mediante los procedimientos que la corrupción ha ido construyendo al paso del tiempo? y que hacer frente esta plaga que avanza arrasando todo a su paso?
Para intentar dar respuesta a esas interrogantes nos permitimos mencionar dos decisiones emblemáticas: una de la Corte Constitucional de Sudáfrica de 2000 y otra de la Corte Suprema de la India de 2012 (Anne Peters: Corruption and Human Rights, p. 12). La primera sostiene que la “corrupción y la mala administración son inconsistentes con el imperio de la ley y los valores fundamentales de nuestra Constitución. Estos socavan el compromiso constitucional hacia la dignidad humana, el logro de la igualdad y el avance de los derechos humanos y las libertades”. La segunda afirma que la “corrupción […] socava los derechos humanos, violándolos indirectamente”, y que “ la corrupción sistemática es una violación de los derechos humanos en sí misma”.
Ambas sentencias muestran claramente un avance en cuanto a los efectos que determinados casos de corrupción tiene sobre la violación de los derechos humanos. Por tal motivo entran en la esfera de competencia del derecho internacional de los derechos humanos, que ubicado en el vértice de la Constitución, conforma un marco legal nacional e internacional efectivo para la dura lucha que hay que librar en contra de este flagelo, el procesamiento de los responsables y la recuperación de los bienes sustraídos.
Por tal motivo apoyamos el gran esfuerzo que la Asamblea Nacional y organizaciones como Cuentas Claras están realizando en función de que se apruebe un conjunto de acciones e instrumentos legales para plantar cara a este gran desafío.