Olga Meza, de 38 años, dormía con su esposo cuando a las 2:30 a.m. fue despertada abruptamente por cinco hombres armados que habían ingresado a la humilde vivienda, vistiendo de negro y con el rostro cubierto, publica El Nuevo Herald.
Antonio Maria Delgado
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Los agresores sacaron a la pareja violentamente de la cama, y llevaron al esposo a la sala de la casa –ubicada en Villa Zoita, en la isla venezolana de Margarita– y le obligaron a permanecer acostado en el piso con golpes y amenazas de muerte. Meza, ya muy asustada, fue llevada al pasillo, donde la recostaron contra una pared. El que la sujetaba, le apretaba el estómago con una rodilla mientras mantenía el cañón de su arma en la boca de la mujer.
Los hombres luego entraron al cuarto de la hija de Meza, de 19 años, y comenzaron golpearla y patearla después de arrebatarle el bebé que tenía en los brazos. Pero fue muy poco lo que Meza logró ver de lo que sucedía allí; el que le sujetaba, la agarró por el rostro y la obligó a mirar hacia la habitación donde se encontraban sus dos hijos, de seis y de 16 años.
Uno de los hombres entró a ese cuarto, y sin encender la luz, disparó cuatro veces contra el mayor de los hijos, Ángel Joel Torrealba, cuya muerte fue reportada al día siguiente como el abatimiento de un delincuente armado que se enfrentó a tiros con agentes del CICPC, la policía federal de investigaciones en Venezuela.
La muerte de Torrealba –registrada en un informe elaborado conjuntamente por las ONGs Human Rights Watch y Provea– es solo una de las más de 700 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas en el país desde que el régimen de Nicolás Maduro introdujo las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
El programa ha sido celebrado por Maduro como una iniciativa exitosa en la lucha contra la delincuencia, que ha permitido liberar del control de las bandas delictivas algunas de las más pobladas zonas marginales del país.
Pero el elevado número de muertes producidas en las redadas sugiere que el principal interés de las autoridades no es llevar a los delincuentes a la justicia.
“Salen a matar”, dijo desde Caracas Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización que vela por los derechos humanos en Venezuela.
“En este momento tenemos más de 700 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde la introducción de las OLPs. Estamos hablando más de 450 de esas ejecuciones en lo que va del año, y 245 el año pasado”, señaló Rodríguez.
Según el informe Poder Sin Límites, de Provea y Human Rights Watch, muchas de las ejecuciones fueron cometidas cuando las víctimas estaban desarmadas y bajo custodia policial.
Ninguno de los más de 700 ejecutados tuvo oportunidad de contratar un abogado para mostrar su inocencia ante una corte, y entre los muertos se encuentra un importante número de personas que en realidad no estaban vinculadas a actividades delictivas.
En algunos casos, como el de Ángel Joel Torrealba, las ejecuciones fueron cometidas incluso antes de que los agentes confirmaran la identidad de la víctima.
Según el informe de las ONGs, fue después de haber disparado que el agente encendió la luz de la habitación. “Se acercó al cuerpo sin vida de Torrealba y miró el rostro de este, [luego] dirigió la mirada al agente que sujetaba a Meza [la madre del adolescente], hizo un gesto con los ojos indicando decepción y sacudió la cabeza […] dando a entender que Torrealba no era la persona que estaban buscando”.
Meza posteriormente relató que los agentes esa noche saquearon 172 viviendas de esa comunidad. Los vecinos relataron que robaron alimentos, televisores, equipos de aire acondicionado y ventiladores, mientras les preguntaban a los residentes si conocían a un joven de 22 años llamado Ángel Rodríguez.
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