La catástrofe que vivimos en Venezuela, se debe en buena medida al desfalco hecho contra la nación por el orden de los 300 Mil Millones de Dólares, cometidos por los altos jerarcas de un gobierno corrupto e indecente que desangraron al país, llevándose consigo la estabilidad económica, política y social, y producto de acciones indignas y delitos avalados desde las altas esferas de Miraflores, hoy transitamos en un camino angustioso, de incertidumbre, de miseria y de pobreza extrema.
Casos tan aberrantes como el de Rafael Ramírez al frente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), quien en complicidad con su primo hermano Diego Salazar y otros testaferros, le dieron un zarpazo a la nación de nada más y nada menos de más de 11 Mil Millones de Dólares, y el gobierno cómplice de Nicolás Maduro, en vez de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias con este accionar delictivo que quebró la principal empresa del país, lo premió al designarlo como embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, esto con el objeto de blindarlo ante la justicia nacional e internacional, porque disfruta de fuero diplomático que creen ellos que lo hace inmune y lo libera de culpa, pero este señor es un ladrón, y por lo tanto debe estar tras las rejas pagando por delito de traición a la patria y desfalco contra la nación.
Nosotros en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, a pesar de las constantes amenazas del gobierno nacional, sustentado en las acciones delictivas del Tribunal Supremo de Justicia, quienes en sentencia amañada han pretendido que como parlamentarios no investiguemos a este ladrón de cuello rojo, hemos seguido adelante en nuestro trabajo, y podemos decir con pruebas en mano, que estamos hablando de uno de los robos más grandes contra Venezuela. No obstante, y en vez de estar tras las rejas, disfruta de las mieles que le brinda el imperio, por cierto tan criticado por la revolución, pero tan deseado por sus jerarcas.
Este gobierno ha sigo cómplice y ha protegido a sus altos funcionarios que han burlado la economía del país, cogiéndose los dineros que eran para comprar medicinas y alimentos, como es el caso del Mayor General Carlos Osorio, quien ha tenido la responsabilidad de administrar el tema de importación de alimentos en el país desde el año 2010, y hoy vivimos en carne propia, la crisis y los padecimientos que tenemos en este sentido, donde un pueblo está muriendo de hambre porque no consigue comida, ni tiene dinero para adquirir lo que están importando.
Pero aquí la doble moral y el doble discurso están a la orden del día, porque mientras Nicolás Maduro, con su gobierno cómplice, protege y defiende intereses comunes, entre sus altos funcionarios; por el otro lado, persigue, encarcela, secuestra y amedrenta a una dirigencia política que no ha cometido delito alguno para ser juzgado ni tratados como presos de alta peligrosidad, porque lo único que han hecho es cumplir con un deber de demócrata y enfrentar como es debido las atrocidades cometidas por quienes hoy usurpan el poder.
Casos como el de Leopoldo López, quien recientemente acaba de cumplir 1000 días secuestrado en Ramo Verde, en condiciones inhumanas e incomunicado, violando un principio fundamental de derechos humanos, y cuya familia ha tenido que vivir las humillaciones más crueles para poder visitarlo; Antonio Ledezma, a quien no sólo lo despojaron de todas sus competencias como alcalde Metropolitana, a pesar de ser electo por más de 700 mil caraqueños, sino que lo encarcelaron y le construyeron un expediente penal que hasta no conocemos; Delson Guarate, preso político de Tareck El Aissami, a quien persiguió desde su primer día como alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, hasta que lo despojó de sus competencias y finalmente lo secuestraron en las mazmorras del Sebin, lo que antes se conoció como la Seguridad Nacional; Manuel Rosales, Daniel Ceballos, Warner Jiménez, los 13 jóvenes de Maracay, también presos de Tareck El Aissami, y así cuantos compatriotas privados de libertad por retaliación de Nicolás Maduro, son una muestra más de la intolerancia y de la inmoralidad de este gobierno, quien premia la delincuencia roja, y encarcela a la disidencia por pensar distinto y por luchar por un cambio en Venezuela.
Ahora bien, si las intenciones del gobierno es medianamente seria, debe esponder a su compromiso de liberar a los presos políticos, y éstos deberían ser puestos en libertad inmediatamente, eso sí con todos sus derechos constitucionales y políticos incorporados, para que puedan sumarse y seguir luchando por los cambios que han de darse en Venezuela, y no como han hecho con los pocos dirigentes políticos y sociales que han liberado, a quienes se les impide hasta respirar, porque están a la caza para ir en contra de ellos nuevamente, como es el caso del General Raúl Baduel, quien no puede expresarse de lo que pasa en el país, ni estar en sitios públicos .
Como decía Eduardo Galeano, estamos frente a un mundo al revés, donde se premia a corruptos, mafiosos y narcotraficantes, y se persigue, se secuestra, se encarcela a hombres y mujeres honorables que luchan a brazo partido por lograr un cambio en el país. Pues bien, Nosotros estamos luchando por un cambio en la conducción política del país y en la sociedad venezolana, y hemos propuesto elecciones generales en Venezuela, porque sabemos que la presencia de Nicolás Maduro y el “Madurocabellismo” en Miraflores, es nocivo y letal para nuestro pueblo.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
PJ-Unidad Democrática
@ismaelprogreso