El presidente de la APUSB, William Anseume, se pronunció hoy, cuando se acerca el pago de los intereses generados por las prestaciones sociales a los trabajadores universitarios, (8.5%) o fideicomiso obrero, acerca del alcance de las prestaciones sociales en el sector universitario, sin dejar de tener incidencia en ese concepto para todo el país laboral.
Nota de Prensa
Anseume indicó que: “la figura del pago de las prestaciones sociales ha perdido su razón de ser, ya que ha dejado de cumplir sus objetivos de protección social, al estar asociadas a un salario que ni es suficiente para la vida, como establece la Constitución, ni es decente como estipula la Organización internacional del Trabajo”.
“Las prestaciones sociales no alcanzan para proteger en nada al trabajador universitario y su familia cuando éste queda cesante; lo que antes de estos 18 años de un gobierno que se dice del trabajador y del obrero alcanzaba para resolver la vida al final de la labor consuetudinaria de entrega a las instituciones, para adquirir una casa, un vehículo, para mejorar después del retiro y dar seguridad, ahora no cubre ni siquiera el monto inicial de esos bienes”.
La OPSU pretende con esta figura laboral continuar disponiendo de los recursos de manera arbitraria y clientelar; sin ningún tipo de información oportuna, en el caso de los anticipos de prestaciones, otorga pequeños montos que no llegan al 75% de todo el capital que posee el trabajador por ese concepto y se están concentrando, de una forma a la vez injusta y estafadora en aportar, del dinero que le pertenece a uno, sólo lo que ellos consideran más inmediato que son los gastos de emergencias médicas, soslayando los otros aspectos de vivienda, hipoteca o adquisición, o mejoras y la educación (tan contradictoriamente), soslayándose, desproporcionadamente, la ley.
La OPSU se arroga un derecho que no le corresponde al apropiarse de los fondos y hacerse de su distribución, porque la II Convención Colectiva señala que son las instituciones de educación universitarias las que deben cancelar ese concepto de anticipo en un lapso no mayor de 30 días hábiles, cuando esa oficina presenta retrasos de muchos meses si acaso “sale” favorecido el trabajador con ese beneficio.
Por otro lado, el personal que se jubila pasa cerca de diez años sin hacerse acreedor de lo que ellos han llamado los Petroorinocos, que no son otra cosa que la cancelación tardía de las prestaciones sociales. No se avanza con esos pagos, desde diciembre pasado no “aparece” un listado de este concepto para los universitarios.
Además, el 8.5% como interés del capital de las prestaciones no se le paga al personal que se jubila recién, así que estos trabajadores han dejado de cobrar tanto las prestaciones como el interés que devengarán muchos años después de jubilados.
Son demasiadas las irregularidades y demasiados los retrasos en cuanto a esto para que continúen echándole la culpa a gobiernos y repúblicas anteriores. Es un fracaso de los más rotundos en materia laboral que puede presentar este gobierno continuado del de Chávez, un gobierno que se dice laborista, del trabajador y del obrero y que no ha escatimado esfuerzos en vulnerar la intangibilidad y la progresividad de los derechos laborales, comenzando por el sueldo y la bonificación del salario, saltándose nuevamente la Constitución y los convenios internacionales firmados por Venezuela que tienen aquí rango Constitucional.
“Las prestaciones sociales en Venezuela y su otorgamiento son beneficios laborales que deben ser revisados de inmediato y con la debida profundidad para que puedan volver a cumplir su labor protectora del trabajador y su familia”, terminó diciendo el presidente de la APUSB.
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