Denunciaba el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que el régimen venezolano había “llegado a un punto donde la indignidad política es tan grande que se ordena disparar contra su propio pueblo que está manifestando y pidiendo democracia”; y repetía en lo que aquí insistimos en relación con nuestra exigencia y denuncia ante el mundo, durante su entrevista con Fernando Del Rincón a través de CNN, que el pueblo no está pidiendo que los militares den un golpe de Estado ni una invasión extranjera, ni ninguna otra cosa distinta que no sea que lo dejen votar, “y lo único que se interpone es un gobierno decidido al máximo ultraje de la política que es mancharse las manos con sangre”.
Por Juan José Moreno / @JJMorenoA
Contundente y reveladora expresión de denuncia de quien muy valientemente se ha atrevido a darle un vuelco a una institución que hasta ahora solo había servido para ser utilizado como foro exclusivo de los gobiernos, como si necesariamente la voz del gobernante reflejara la situación de un país por encima de lo que piensen o reclamen los gobernados. Porque de acuerdo con lo que ha venido sosteniendo la vocería gubernamental de Venezuela ante el organismo, la fulana Carta Democrática Interamericana solo es aplicable en los casos que un país amenace a otro, olvidando olímpicamente que su máximo líder solicitó su aplicación cuando internamente en Honduras, un poder judicial asestó un golpe de Estado contra otro poder, en aquel caso contra el Ejecutivo.
La realidad que hoy preocupa a los venezolanos, tiene su mayor expresión en un hecho muy concreto y es nada menos que la violación de los derechos humanos aplicada en todo un abanico de situaciones tan perversas, como las repetidamente denunciadas, tanto en los distintos ámbitos internos como externos, referidas al hambre que, que hoy obliga a una considerable porción de venezolanos a buscar sus alimentos entre la basura que se deposita en las calles de la mayoría de las ciudades del país; a la indetenible inflación originada por las erradas políticas económicas, financieras y del manejo corrupto de las divisas, que afecta la adquisición de alimentos, medicamentos e insumos médicos; la espantosa crisis hospitalaria que determina el aumento de la mortalidad en el país; la que en los últimos meses se ha acentuado vinculada a la represión política, como la detención ilegal de dirigentes y de otras personas declaradas “enemigas” del régimen, así como la desaparición forzada de personas, como en el reciente caso del general Ángel Vivas cuyo paradero aún se desconoce pese a que fue secuestrado a las puertas de su casa por un organismo de seguridad del Estado; y la tortura y el asesinato a sangre fría contra las personas que participan en protestas como las que hoy se extienden en todo el país en reclamo de la restitución de la democracia y del orden constitucional roto por el actual régimen.
Y como si todo lo brevemente descrito fuera poco, debemos detenernos en un una situación que cada día se evidencia y agrava más, en relación con la participación de auténticas bandas armadas por el gobierno para lanzarlos contra quienes lo adversan; porque, tal como lo denunció esta semana el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, al demandar la atención de la dirigencia militar del país sobre el particular expresó que “quienes hoy tienen esas armas con impunidad, dadas por grupos políticos del gobierno, mañana se convierten en los asesinos de la propia Fuerza Armada, de los cuerpos policiales y de los ciudadanos”.
Porque ya no es posible seguir tolerando la actuación impune de estos grupos, cuyos principales dirigentes pese a estar plenamente identificados por su repetida presencia en los actos vandálicos protegidos, azuzados y sostenidos por instituciones públicas, han sido especialmente constituidos como brigadas de choque contra cualquier conglomerado de ciudadanos que, en distintas áreas de la vida del país, participen de cualquier acto legal de reclamo o protesta. Todos somos testigos, por ejemplo, de la agresión contra el ex secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chuo” Torrealba, después de tratar de llevar ante el CNE un reclamo relacionado con la exigencia de los venezolanos por la realización del robado referéndum revocatorio, así como de las permanentes agresiones físicas contra miembros de gremios de la salud, o de Asamblea Nacional, entre las que destaca la más reciente contra el diputado Juan Requesens, quien fue objeto de un botellazo propinado por uno de estos llamados colectivos, que le partió la ceja, y que ameritó una sutura de 56 puntos; y de tanto otros casos de violencia protagonizados por estos grupos que llegan frecuentemente a impedir el funcionamiento del Parlamento, bajo la mirada cómplice de la guardia y de la policía, y de la cínica complacencia del Gobierno y de la bancada parlamentaria oficialistas.
Se trata, insistimos, de una situación que aunque difícil de enfrentar, dado que el régimen ha resultado exitoso en su empeño de mantener organizaciones paralelas a nuestra fuerza armada, dotándolas de todo lo necesario para su existencia y funcionamiento (hombres, medios de transportación, armamentos y uniformes, entre otros), debe ser abordada de manera definitiva, incluyéndolo como tema entre los prioritarios denunciados ante las instancias del país a las cuales corresponda, aun con las trabas que impone la ruptura del orden constitucional, así como ante la OEA, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y nos atreveríamos recomendar llevar el caso ante el propio Tribunal Internacional de La Haya donde ya existe un expediente sobre torturas y desapariciones forzosas, por formar parte de lo que hoy no existe duda conforma un auténtico genocidio contra un pueblo indefenso.
@JJMorenoA