La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina apeló este lunes la autorización judicial para que la ex presidenta Cristina Fernández viaje al exterior y pidió que la ex mandataria (2007-2015) sea citada a declarar en una causa por presunto lavado de dinero, confirmaron a Efe fuentes judiciales, reseñó EFE.
La UIF, organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, apeló la decisión adoptada por el juez Julián Ercolini de autorizar a Cristina Fernández viajar a Europa en mayo.
La ex mandataria está procesada en la causa que lleva adelante Ercolini por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta relacionada con la concesión de obras públicas durante su mandato.
Uno de los beneficiados por las adjudicaciones de obras públicas bajo sospecha es el empresario Lázaro Báez, de estrecha relación con el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Fuentes judiciales consultadas por EFE indicaron que la UIF se opone a que la ex mandataria viaje al exterior porque, según su criterio, existe un “riesgo procesal de entorpecimiento” a las causas en las que Fernández es investigada.
Para poder viajar, Fernández también solicitó permiso al juez Claudio Bonadio, quien aún no se ha pronunciado sobre ese pedido.
Fernández pretende viajar el próximo mes a Grecia, Bélgica y el Reino Unido para impartir conferencias y reunirse con líderes políticos de la izquierda.
La UIF también solicitó hoy que la expresidenta sea indagada en el marco de una causa por presunto lavado de activos por la que se encuentra detenido hace un año Lázaro Báez.
El organismo hizo esa solicitud al juez Sebastián Casanello, a quien la UIF pidió que también cite a prestar declaración indagatoria al exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros exfuncionarios.