El Ministerio Público solicitó este miércoles 14 de junio una acción de protección para imponer a los órganos de seguridad del Estado que cumplen funciones de orden público, la obligación de no utilizar gases lacrimógenos u otros agentes químicos de disuasión en las inmediaciones de los centros educativos y de salud, tanto públicos como privados, reseña Ministerio Público.
El requerimiento fue interpuesto por el fiscal 100º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Vicente Gómez, con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, civil e instituciones familiares, ante el Tribunal 32º de esa jurisdicción.
Con esta acción judicial, el Ministerio Público busca garantizar la integridad física, el derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que están en los centros de salud infantil y los planteles educativos, en vista de las últimas actuaciones de los cuerpos de seguridad que, a través del uso de gases lacrimógenos para el control de manifestaciones públicas, han afectado el desenvolvimiento cotidiano de las actividades de estudiantes y pacientes en esos lugares.