Rafael Rodríguez Mudarra: Prevaricación conducta habitual

Rafael Rodríguez Mudarra: Prevaricación conducta habitual

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Con gran sentido de responsabilidad ciudadana, hemos de afirmar con la entereza que nos es propia,  que los venezolanos  le brindaron la mayor acogida al constituyente  de 1999, promulgador  de la Constitución  aprobada por el  pueblo de Venezuela , mediante  referendo  constituyente  el 15 de diciembre, al hacer parte de la letra de la Constitución el rescate de la legitimidad del Estado,  representación de la sociedad civil organizada,  y la fluida relación  que debe ser ejercitada  con la incorporación  a la función tradicional de los órganos del poder público,  lo que se ha dado en denominar Poder Electoral y Poder ciudadano.  Se hace realidad un anhelo tradicional, para que los  órganos que ejercen  el poder público  se limiten a las atribuciones  que le son consagradas en la Constitución y no otras, estableciéndose  responsabilidades, tanto por el abuso de poder, la desviación  de poder, así como la violación de la Constitución.

      Se inserta al texto constitucional, lo que hubo de ser definitivo y para siempre  las bases doctrinarias  expuestas  con anterioridad  sobre el  principio de la “INCOMPATIBILIDAD”,  para lo cual se hace   necesidad imperiosa la  selección  de un gobierno democrático  responsable, un gobierno que debe estar obligado a rendir cuenta de sus actos  al Poder Legislativo , en el entendido que este  órgano poder    como legislador y censor, representativo de la opinión pública  a los fines de garantía de imparcialidad  tiene que ser como manda la Constitución un ente independiente  no sostenido por los codos  por la dirigencia gubernamental, sin compromiso de obediencia  con el presidente de la República.





    Pero este mecanismo progresista  de defensa del venezolano, constitucional obsequio del pueblo depositario del poder  constituyente, que entendió  que la incompatibilidad  instaurada mediante la institución   de los órganos del Poder  Público Nacional, discutida  con la mayor atención, en forma apasionada  en territorio patrio durante  el siglo pasado no ha sido la ocurrencia  de una aventura militar , ni pantomima  de los que han entendido la política como un medio de protagonismo necio e infecundo,  se debe  a  la madurez de conciencia conformada por la  opinión pública  , respecto a  que la idea  de la incompatibilidad  no  es una maniobra para buscar posturas burocráticas , ni consigna de un  partido  ni  espita  entre sectores de derechas, fascistas e izquierdas decimonónicas, como  está sucediéndose, para el disfrute abusivo del poder político ; constituye en estos momentos  de resistencia cívica a la destartalada e ineficiente cúspide  de mando gubernamental , sin control de las riquezas súbitas que caracterizan el  autoritarismo existente,  todo opuesto a frenar cualquier intento de autoritarismo  presidencial, dado que el principio de incompatibilidad, precepto constitucional   no es más  que del desarrollo dialectico  que le ha dado impulso a nuestra democracia.

    En cuenta lo anterior, con acato  al principio de la independencia constitucional de las instituciones del Estado, hemos de preguntarnos no con ingenuidad, sí  en cuenta de situaciones sobrevenidas  a diarios,  sopesadas  en forma   “malévolo”, no desvirtuadas: ¿ Ha  tenido  el presidente  Nicolás Maduro y su tren de colaboradores  militares  y civiles  un mínimo  de intención razonada  para llamar a la unidad nacional ; a una acción conjunta para el  desarrollo económico de la Nación ;  para una cruzada unitaria honesta y vigilada para suministrarles   comidas  a las clases medias y pobres del país ; para combatir la delincuencia; para permitir la libertad de expresión; para  la revocabilidad por medios constitucionales  de los funcionarios de elección popular e impedir que se use la justicia  para incoar demandas  contra Miguel Henrique Otero, Federico Alberto Rangel, Carlos Tablante, Carlos Berrizbeita  e Ismael García, entre otros.

     Con el mejor  propósito de enmienda, fuerza decirlo: el  presidente Nicolás Maduro, no obstante haberle  el pueblo depositado su confianza comicial,  se   resiste a gobernar para el país; lo hace para un grupo, lo que es más, incurre en abuso de poder;    ha invadido  funciones    de otros poderes, no es más que la  antítesis de la incompatibilidad,  hoy  valor supremo de la Constitución.

   La actuación del TJS, del CNE, de la Contraloría de la República, del presidente del Poder ciudadano,  han constituido   decisiones,  que  convierten  en falta  los deberes y obligaciones  inherentes a su cargos; han tomado medidas injustas  sabiendo   que la son, por cuanto las resoluciones proferidas no se corresponde con la Constitución  ni con la leyes, todo lo cual  de acuerdo a la interpretación gramatical de la Ley, es constitutivo del delito de PREVARICACIÓN; dentro de esta situación  de perversión jurídica, no se explican las razones por las cuales la honorable    señora Fiscal,  garantía en los procesos  penales,  cuidadosa  del cumplimiento de las normas  procesales; la que tiene el deber  de hacer realidad los derechos constitucionales;  la que demandó la improcedencia  de las bases comiciales de la inconstitucional  Constituyente propuesta por Nicolás Maduro, se convierte en  objeto de retaliación por parte de cuatro  órganos  del poder público perfectamente identificados ; se le prohíba la salida del país; se le  confiscan  sus bienes ; se proceda a abrirle  un juicio de antejuicio de mérito.  El  TSJ le destituye  al vice fiscal e invadiendo la autonomía  de la AN   se atribuye su designación. ¿Con  qué se come eso?

Abogado, político, presidente del partido Unión Republicana Democrática (URD)

1rodriguezmudarra@gmail.com;  ramudarra