El allanamiento a la inmunidad parlamentaria de 13 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela no puede verse como un caso aislado. Ganar a través de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los espacios de poder que los ciudadanos negaron con sus votos ha sido una de las principales tácticas de Nicolás Maduro para desarticular a sus adversarios y mantenerse a todo costa en el poder. Así lo reseña diariolasamericas.com
Por EUGENIO G. MARTÍNEZ
La última fase de esta estrategia consiste en disolver al Parlamento a través de las decisiones del TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente (presidida por Diosdado Cabello e instaurada sin cumplir con lo establecido en la Constitución), impidiendo que exista el quórum mínimo para que pueda sesionar la Asamblea Nacional.
El 6 de diciembre del año 2015 los partidos de oposición lograron capitalizar 112 escaños de la Asamblea Nacional reduciendo al chavismo a solo 55 curules. A partir de ese momento el régimen de Maduro, a través del TSJ, se concentró en anular al parlamento nacional para desconocer el voto de 7.728.025 venezolanos. La estrategia se concentró en emitir hasta 97 sentencias en las que el máximo tribunal anula las funciones del parlamento.
En paralelo a las decisiones en contra del Poder Legislativo se han emitido sentencias judiciales de diferente índole o se ha comenzando a instigar y perseguir 34 diputados, entre parlamentarios principales, suplentes y disidentes del chavismo.
Desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente esta instancia ha levantado la inmunidad parlamentaria de 16 diputados, sin contar con la petición realizada el día de hoy por el TSJ de enjuiciar a los diputados Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Franco Casella y Winston Flores.
Para romper el quórum de funcionamiento de la Asamblea Nacional basta con dejar vacías 29 curules. En este momento existen 17 curules que pudiesen quedarse sin parlamentarios porque los diputados que deben ocuparlas (entre principales y sus respectivos suplentes) se encuentran presos (como los diputados Juan Requessen y Edgar Zambrano, entre otros), desaparecidos después de ser detenidos por la policía política (como el diputado Gilber Caro), exiliados (como los diputados Julio Borges y Gaby Arellano, entre otros), bajo protección diplomática (como los diputados Freddy Guevara y Américo de Grazia entre otros) o en resguardo después que se inmunidad fue allanada y pueden ser detenidos (como los diputados Juan Andrés Mejías y Luis Florido, entre otros).
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