En la elección del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su votación del 17 de octubre se cometió uno de esos errores históricos al elegir a un régimen violador de los derechos humanos. Hablemos claro. Los países realmente democráticos en el mundo no son la mayoría. Hay regiones donde los principios del mundo civilizado todavía no han llegado o sus pueblos no los han asimilado. Valores tales como la separación entre las diferentes ramas del poder, de manera tal que ninguna de ellas domine a la otra, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y que el pueblo pueda elegir a sus mandatarios, y el hecho que la gente pueda profesar la religión de su preferencia y que ésta no influya en las políticas de los Estados, es lo que marca la diferencia entre unas naciones y otras. Para lo que fue el comunismo y sus todavía residuos, esos valores resultan accesorios o instrumentales y los usan cuando les conviene. Países de África, el Medio Oriente y del Lejano Oriente como China jamás han conocido la democracia liberal y lo mismo sucede con Rusia donde del zarismo se pasó al comunismo en 1917 y de allí a una forma de gobierno muy particular que no calza en los parámetros de una democracia genuina.
De esta manera, esa alianza no democrática de la cual Venezuela forma parte fue la que aportó los votos para que un régimen condenado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet haya ingresado al Consejo de los Derechos Humanos de esa organización. El informe de Bachelet relató los horrores que el régimen de Maduro y sus cuerpos policiales y militares han creado en Venezuela. Tortura sistemática, persecuciones, inhabilitaciones de partidos políticos, hostigamiento a dirigentes partidistas, restricciones a los medios de comunicación social, entre otros elementos dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos. Pero el tema no se agota allí. La Organización Internacional del Trabajo igualmente denunció las recurrentes violaciones a la libertad sindical mediante la condena a dirigentes sindicales, la prohibición para que los trabajadores elijan a sus dirigentes, la limitaciones para legalizar a los sindicatos, entre tantos otros elementos, sirvieron de base para condenar al régimen. Viene a colación el caso del sindicalista Rubén González a quien un tribunal militar condenó a seis años de cárcel en un juicio amañado y lleno de vicios.
De manera tal que esto debe servir de lección para que se modifiquen los criterios mediantes los cuales los organismos internacionales escojan ciertos cargos Resulta inconcebible que un régimen claramente violador de los derechos humanos integre la directiva de un ente encargado de velar justamente por esos derechos. Es hora que los paises que más aportan dinero para las Naciones Unidas revisen su rol en esa entidad para que el dinero de los contribuyentes no financie causas no democráticas.