Aún quedan interrogantes sin resolver en la masacre de cinco menores en Cali, pese a que el Juzgado 25 Penal Municipal envió a la cárcel a dos capturados, de los tres presuntos directos implicados en estos asesinatos, cuyas víctimas eran afrodescendientes y del marginal barrio Llano Verde.
La Fiscalía informó que estos crímenes en todo el borde donde termina el oriente de la capital vallecaucana se perpetraron dentro de predios de la hacienda Las Flores, que corresponde al corregimiento Navarro.
Son terrenos de cañaduzales que serían parte de los llamados ejidos de la ciudad, los cuales, han estado envueltos en litigios jurídicos en los últimos seis años para determinar quiénes son sus propietarios, si el municipio o privados. Los ejidos eran terrenos que la entonces Corona Española, en el siglo XVI, entregó a una población de servidumbre para que tuviera un lugar de esparcimiento. Hoy, esos ejidos alcanzan unos 14 millones de metros cuadrados, de los cuales, 2 millones son propiedad del municipio y el resto sería de haciendas y predios particulares.
La Fiscalía señaló que uno de los dos capturados, el caleño Juan Carlos Loaiza, trabajaba haciendo turnos de vigilante en una empresa de vigilancia. Es en este punto que vienen las dudas de si esa vigilancia operaba para el predio donde se hallaron los cuerpos, que colinda con Llano Verde. Este es el barrio que el Estado autorizó en 2013 con construcciones para llevar allí a familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado de la época, así como de reinsertados y reubicados de zonas inundables, como el jarillón del río Cauca.
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