Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la empresa venezolana que controla Nicolás Maduro, pide –a través del ex juez Baltasar Garzón– a la Audiencia Nacional que no admita la solicitud de Vox para investigar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por presuntos cobros ilegales procedentes de Venezuela en el caso PDVSA. Un caso que instruye la juez María Tardón y en el que se investiga el saqueo a la petrolera.
Por TERESA GÓMEZ / RAQUEL TEJERO okdiario.com
El despacho de abogados de Garzón, Ilocad, representa a la petrolera chavista PDVSA en una causa abierta en España, concretamente en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
El bufete del ex juez acaba de presentar un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, oponiéndose a que se investigue los hechos denunciados por el partido de Santiago Abascal: la presunta financiación ilegal y pagos irregulares a cuentas de Pablo Iglesias por parte de Venezuela.
Vox denunció, en un primer escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, que «existen claras evidencias de financiación por parte de gobiernos como el de Evo Morales (Bolivia) a partidos extranjeros» con mención expresa a «Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltarsar Gazón».
Denuncia contra Podemos
Los de Abascal presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Podemos y sus líderes por financiación ilegal de dinero procedente de países bolivarianos. Destacaron, en su escrito, la investigación abierta en Bolivia por los ocho contratos del Ejecutivo de Evo Morales con la consultora Neurona Consulting, vinculada a Monedero, cuyos importes ascendieron a 1,8 millones de dólares. Pagos que fueron realizados –señalan– a cuentas del BBVA Bancomer y HSBC de México.
También, «otros países como Venezuela, Ecuador y Brasil habrían estado vinculados a la financiación del partido político Podemos y existen investigaciones en todos los países citados», explicaban.
Recuerda el escrito que en Venezuela el entonces presidente, Hugo Chávez, financió a la fundación vinculada a Podemos «Centro de Estudios, Políticos y Sociales» (CEPS) por una cantidad de un millón de euros aproximadamente.
En Ecuador, la denuncia menciona a la fundación bolivariana CELAG -que tiene en su consejo consultivo al ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero- y al propio ex presidente Rafael Correa, hoy detenido y procesado por secuestro de un opositor ecuatoriano. También desde Ecuador, según la denuncia, se habría financiado a Podemos mediante el pago de 759.936 euros a la cooperativa Kinema, fundada por el diputado podemita Rafael Mayoral, que también está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción 42 por el juez Juan José Escalonilla. Finalmente, la denuncia señala casos de corrupción investigados en España como el caso Morodo, en el que se investiga al ex embajador de Zapatero, Raúl Morodo; y el caso PDVSA.
Respuesta de Luzón
En un escrito firmado por el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ministerio Fiscal señala: «Los escritos-denuncia presentados relatan diferentes informaciones y entrevistas publicadas en varios medios de comunicación relacionadas con una serie de hechos de muy distinta transcendencia, alguna sin relevancia penal o sin posibilidad de persecución en España. Otros, ya objeto de investigaciones en diferentes Juzgados Centrales de Instrucción, como las diligencias previas 2/2019 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, precisamente por querella de esta Fiscalía, y las diligencias previas 38/2017 en el Juzgado Central de Instrucción número 3».
Hay que recordar que en el Juzgado Central de Instrucción número 1 del que es titular el juez Santiago Pedraz se investiga el caso Morodo, mientras que en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de María Tardón se instruye el caso PDVSA. Razón por la cual Vox solicitó la personación en estos dos Juzgados. En el primero se la han aceptado con el condicionante de llevar una acusación popular junto al sindicato Manos Limpias, mientras que en el segundo se la han rechazado mediante el auto dictado el 10 de septiembre.
La magistrada Tardón explicaba que «no ha lugar a tener por personado como acusación popular a Vox» porque «ninguno de los hechos que recoge en la denuncia archivada por la Fiscalía, de la que, según el propio escrito, trae causa su pretensión, es objeto del procedimiento diligencias previas número 38/17 que aquí se sigue, por lo que no ha lugar a la admisión de la misma». Vox ha presentado un recurso de reforma ante dicho auto y la acusación ejercida por la petrolera PDVSA, representada por el despacho de abogados de Garzón, ha presentado un escrito –sin tener la obligación de pronunciarse al respecto– en el que rechaza que se investigue a Podemos en la causa.