La guinda de todo este proceso del sufragio pervertido por el chavomadurismo durante 22 años la constituye la “elección parlamentaria” prevista para el venidero seis de diciembre.
Hay que recordar, de inicio, que para convocar este evento el régimen contó con la colaboración de supuestos opositores (Mujica, Fermín, Falcón, etc.) y también participantes en el mismo. Sin duda alguna, este proceso ha sido diseñado y ejecutado entre ambos, con las naturales excepciones que deben existir por aquello de que “confirman la regla”. Habría que ser muy ingenuo para ignorar que la tramposa ingeniería electoral que se aplicará es el producto de una negociación entre ellos.
Porque hay que recordar, además, que fueron esos mismos supuestos opositores los que solicitaron al TSJ que “nombrara” un nuevo CNE, mediante la llamada “omisión legislativa”, violando así el Artículo 296 de la Constitución. Luego apoyaron el absurdo de que el TSJ “delegara” en el CNE “funciones legislativas”, que sólo la Asamblea Nacional puede ejercer por mandato constitucional. Finalmente, al convalidar la convocatoria del seis de diciembre, estos colaboracionistas pactaron con quienes han recibido del régimen, vía TSJ, los símbolos y tarjetas de Copei, AD, PJ, VP, etc., tras despojar de los mismos a sus autoridades partidistas. Si esto no es colaboracionismo con el régimen, no sé qué otro nombre merece.
Por cierto, estos mismos colaboracionistas han contribuido así a crear mayor desconfianza en los supuestos comicios, estimulando la abstención, en lo que coinciden con el chavomadurismo. Y, sin embargo, desde ya se auto justifican por su segura derrota y pírrica votación culpando de ello a quienes no votarán (¿?).
Por supuesto que habría que recordar también que ese mismo TSJ fue nombrado violando la Constitución en diciembre de 2015, antes de que se instalara la nueva Asamblea Nacional, a la que competía tal designación (Artículo 264). De modo que desde allí arranca “el pecado original” de todo este proceso. Porque ese mismo órgano, también inconstitucionalmente, designó el nuevo CNE en 2020, como ya se dijo. Por cierto, ninguno de los “rectores” nombrados entonces cumple con los requisitos establecidos en la Carta Magna (Artículo 296).
Este CNE repite ahora el fraude sistémico de los anteriores procesos: un registro electoral contaminado de irregularidades, sin incorporar a los cinco millones de venezolanos en el extranjero; sin información sobre los procedimientos computarizados; ni sobre las máquinas de votación, cuyo proceso de adquisición es un misterio; avalando el tradicional ventajismo electoral del régimen, etc., etcétera.
Un hecho particularmente grave e inaudito –insisto– es la decisión de “legislar” que, en contra de la Constitución, ha asumido el CNE actual, por “mandato” del TSJ. Así, y violando también expresamente lo dispuesto por el texto constitucional, aumentaron el número de diputados en 100 nuevos parlamentarios.
En función de este exabrupto crearon una “circunscripción nacional” –integrada por 48 diputados– que no existe constitucionalmente. Esos diputados no serán electos, ni representarán ninguna entidad federal, lo cual viola el Artículo 186 de la Constitución, según el cual deben ser “elegidos en cada entidad federal por votación universal”. Este será un caso único en el mundo, pues en todos los parlamentos sus miembros son electos por las entidades federales del país o por zonas geográficas definidas de acuerdo con su Carta Magna y sus leyes. Aquí el CNE ha creado unos diputados fantasmas, sin base geográfica y sin electores a quienes representar.
Para redondear tal disparate, esos diputados serán repartidos conforme al método de D´Hondt en base a los votos que cada partido obtenga nacionalmente. En definitiva, serán también unos “diputados golilla”, inventados para aumentar la cuota parlamentaria del régimen y repartir discrecionalmente unos cuantos a “la oposición” que le sirve de comparsa, como si se tratara de “la leal oposición a su Majestad” que existe en el Reino Unido.
Todas estas razones han creado un ambiente de escepticismo frente al evento del CNE en diciembre. La opacidad y falta de transparencia, por una parte, y, por la otra, la historia del sufragio pervertido, demostrado a lo largo de estos casi 21 años de chavomadurismo, han producido una matriz de opinión que no le otorga ninguna confianza a ese proceso.
Tampoco se la otorgan a sus actores, ya sean los del organismo electoral, los candidatos del régimen y de los supuestos opositores participacionistas, la mayoría de los cuales no cumplen los requisitos del Artículo 188 de la Constitución. Una parte fundamental de la opinión pública, según revelan algunas encuestas, no participará en ese proceso. Y es que, aparte de las irregularidades ya señaladas y la falta de prestigio de muchos de esos candidatos, la gran mayoría de los electores sabe que esta elección no resolverá la gravísima crisis que ha arruinado y destruido a Venezuela, sino que la agravará aún más. Ya Maduro y su claque han anunciado medidas de represión y venganza contra los actuales diputados de la legítima Asamblea Nacional vigente.
Ante esta realidad, cierto sector de esa oposición participacionista no ha tenido otra reacción que atacar a quienes no participarán calificándolos de “abstencionistas”, en lugar de atraerlos. Claro, ya se sabe que carecen de argumentos convincentes para ello. Tal vez tampoco les importe mucho su voto, pues habría que suponer que cuentan de antemano con la cuota de diputados que el régimen repartirá de la “lista golilla”.
Cierro estas reflexiones haciendo una distinción muy importante: la mayor parte de quienes no votaran el seis de diciembre no pueden ser calificados apropiadamente como abstencionistas. Mas bien constituyen la expresión de una rebelión popular silenciosa ante un régimen destructor de Venezuela y frente a unos cuantos opositores en apariencia que sólo buscan un espacio que, hasta ahora, les ha negado la mayoría de los venezolanos.