Un estudio del Centro de Migración y Estabilización Económica, del Creative Associates International, indica que la irregularidad es unas de las principales características de la migración venezolana en Colombia, lo que le impide acceder a ciertos servicios e integrarse a la sociedad receptora.
Por Karen Sánchez | Voz de América
Manuel Orozco, director del Centro, explicó el viernes durante el panel virtual “Migrantes venezolanos en Colombia: comprender el contexto y los desafíos”, que el estudio evaluó las condiciones de los migrantes durante la pandemia y resaltó tres hallazgos. Está basado en una encuesta aleatoria realizada a 1.061 venezolanos en seis ciudades.
El primero de ellos está relacionado con las condiciones en las que llegan a Colombia, caracterizadas por la vulnerabilidad: “Un tercio de los venezolanos no tiene una identificación personal y regulación de la situación migratoria”, explicó Orozco.
“No tienen una cuenta bancaria. Es algo muy dificultoso para ellos estar en el sistema (…). Esa una fragilidad para la sociedad y no tienen los papeles de identificación personal. Esto es lo más difícil para la subincoporación”, agrega.
Tampoco tienen suficientes ingresos y “su fragilidad está dada por su edad, tipo de trabajo y falta de acceso a los servicios financieros y gubernamentales”, dice el informe.
Por otro lado, las principales causas de salida de su país son las condiciones económicas, según la encuesta, seguidas por las políticas.
Ronald Rodríguez, investigador del Observador sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que “más de 184.000 venezolanos han muerto, de forma violenta, desde que llegó al poder Nicolás Maduro (…). Y más de 25.000 personas han muerto por (…) resistencia a la autoridad”.
Sobre la situación económica que viven en su país, añadió que “los venezolanos no salen en búsqueda de una mejor vida, salen en búsqueda de una supervivencia”.
Otro aspecto identificado en la encuesta es que los venezolanos quieren permanecer en Colombia, pero tienen una conexión transnacional con sus familiares. Las remesas, explicó Orozco, son muy bajas respecto a otros promedios internacionales: “pero los venezolanos mandan remesas a su país, más o menos 100 millones de dólares en 2020”.
El investigador del Observador señaló que, como dice le informe, los lazos “son muy fuertes. Quieren ir a Venezuela a pasar sus festividades y regresara Colombia. Un movimiento que es constante”.
Y añadió que “el 20% de la población venezolana depende del estado colombiano, de forma directa, ya sea porque son migrantes o se encuentran en situación pendular”. Por otro lado, explicó que a un venezolano le tomaría trabajar 14 años para ganarse el salario mínimo de los colombianos, a pesar de que este monto tampoco es muy alto.
Esfuerzos para atender a migrantes
Durante el panel, Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, reconoció el esfuerzo de Colombia para promover la incorporación de los migrantes en la sociedad, a través de los planes de desarrollo y las reuniones del Grupo de Quito.
Afirmó que Colombia ha formulado nuevos mecanismos para la regularización de la población venezolana y que los resultados de estos beneficios están reflejados en el estudio: “El 75% de los migrantes han sido bien recibidos en Colombia y el 63% expresaron que tienen intenciones de permanecer en Colombia”.
Rodríguez calificó como “solidario” el trabajo del gobierno colombiano. Pero aclaró que el 44% migrantes están regularizados en el país, convirtiéndose el 55% restante en un reto.
Stein también destacó el trabajo de la plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados en Venezuela, en virtud del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP), que según informó, en 2020 asistió a 2,2 millones de personas con protecciones y distribución de alimentos y seguridad, nutrición.
Afirmó además que en 2021 han comenzado a ver un renovado esfuerzo para atender a 5,3 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria.
“Los aspectos financieros de RMRP son 1, 44 millones de dólares que incluyen a 3,5 millones de personas, incluso migrantes en las comunidades receptoras, con énfasis en las mujeres y los jóvenes”, dijo el representante especial.
“La prioridad de este plan esta en la integración de los sectores para dirigir en este impacto continuo de COVID-19, incluye también en las áreas como salud y seguridad alimenticia”, y enfatizó en que aún hay incertidumbre sobre el sistema de migración y la movilidad, en medio de la pandemia, lo que requiere una “asociación más intensa entre las partes para atender la atención de esta crisis y para movilizar ingresos”.
Los retos
Para Dafne Gil, miembro de la Asociación Ávila Monserrate, existen cuatro verbos que caracterizan la vida de los venezolanos en Colombia: ser, estar, tener y hacer.
“Los migrantes vienen de vivir en una situación en donde se encuentran vulnerables, entonces cuando llegan a Colombia no importa el estrato socioeconómico, cada familia migrante busca ser una persona mejor reconocida, no invisibilizada, pues ya viene de ser desconocido”. En este sentido, agrega, cuando las personas llegan a Colombia “buscan reconocimiento de seres humanos, de saber dónde están parados (…) y en cómo incluirse en procesos de rutas y atención”.
Con respecto al verbo ‘ser’, explica Gil, que los migrantes viven miedo y en la situación de pandemia mucho más, pues no saben cómo hacer las cosas ni qué caminos seguir. Por ello, dice que el reto es “comprender cuáles son las rutas de conexión con Colombia y su institucionalidad. Esto se agrava, por supuesto, frente a la posibilidad de estar irregular”.
El otro aspecto relacionado con el verbo ‘estar’ tiene que ver con un hogar, la privacidad y tener integración en iglesias, partidos, movimientos políticos, el espacio público. La irregularidad, explica Gil, no les permite tener vivienda, pues demás tienen ingresos básicos y sus condiciones son muy limitadas.
El verbo ‘tener’, agrega, se refiere a que la alimentación, el trabajo y el abrigo: “Aquí vale la pena hacer énfasis en la alegría que tiene para un migrante el poder conectarse con un espacio laboral formal. La celebración que supone en una familia cuando uno de ellos, por lo menos, recibe el PEP (Permiso Especial de Permanencia), pero también la angustia que produce… cuando no puede renovar su permiso”.
El verbo ‘hacer’, dice la experta, hace referencia a “proteger, con cooperar, con comprometerse, con discrepar y un elemento muy significativo de las conversaciones, especialmente con las mujeres migrantes, es la ansiedad que produce no proteger a los suyos, a sus familias tanto en Colombia como en Venezuela”.
El reto aquí es no solo diseñar políticas públicas, sino que además sean coherentes y claras para los migrantes. Además, dice la analista, “no dar por sentado que los colombianos y los venezolanos somos idénticos… porque hay muchas diferencias culturales que son un reto”.
Para Rodríguez, otro de los retos es que la situación de la pandemia “puede llegar a generar hipocondría colectiva”. Resaltó, además, que a pesar de que la frontera está cerrada, continúan los movimientos.
A corto plazo, destaca es que importante “la instrumentalización política del fenómeno de movilidad humana”. A mediano plazo, agrega, “la construcción de una ley migratoria… y la construcción de un consenso político social entre colombianos para poder entender que la migración venezolana”.
La xenofobia también es otro reto. Orozco enfatizó que “uno de los aspectos que escuchamos es que hay un sentimiento antinmigrante en los últimos dos años, prácticamente”.
Para el Académico Ronald Rodríguez, la llegada de la población venezolana ha sido un fenómeno particular para Colombia y “hay sectores de la población que se sienten incomodos” con su llegada, principalmente por aspectos como “la seguridad y el acceso al empleo”, los cuales se han convertido en tema de debate.