La Unión Europea agregó a el Director de las Faes, José Miguel Domínguez, el Director Adjunto de la Dgcim, Carlos Carvallo y Jesús Vásquez, Fiscal General de la Fiscalía Militar en la lista de funcionarios sancionados del régimen de Maduro, sujetos a medidas restrictivas, por su papel en actos y decisiones que atentan contra la democracia y el estado de derecho en el país, o como consecuencia de graves violaciones de derechos humanos.
Por lapatilla.com
Esta decisión se deriva de las conclusiones del Consejo de 25 de enero de 2021 , que indicaban que la UE estaba dispuesta a adoptar medidas restrictivas específicas adicionales, en vista del deterioro de la situación en Venezuela tras las elecciones de diciembre de 2020.
El Director de las Faes, José Miguel Domínguez, el Director Adjunto de la Dgcim, Carlos Carvallo y Jesús Vásquez, Fiscal General de la Fiscalía Militar son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de las oposiciones y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales.
La decisión de hoy eleva a 55 el número total de personas sujetas a sanciones, que incluyen prohibiciones de viaje y congelación de activos . Estas medidas específicas están diseñadas para no tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana , y pueden revertirse.
La UE seguirá colaborando y trabajando con todas las partes interesadas en Venezuela para promover el diálogo pacífico y una solución democrática y sostenible a las crisis en el país.”
El Director de las Faes, José Miguel Domínguez: Fecha de nacimiento, 17 de octubre de 1979. Número de documento de identidad: V-14444352 Sexo: masculino.
Director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) desde el 6 de mayo de 2019. Antiguo
comisario jefe de las FAES en estado de Táchira. Además, José Miguel Domínguez Ramírez fue
director de operaciones de las FAES, adscritas a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
Responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela cometidas por agentes de las FAES bajo su mando. Las FAES son conocidas por sus ejecuciones extrajudiciales y su papel violento a la hora de eliminar la contestación por parte de los rivales políticos de Maduro, la oposición y los manifestantes, motivo por el que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha exigido la disolución de las FAES.
Anteriormente, Domínguez Ramírez fue también miembro del equipo de seguridad venezolano que abrió fuego contra una manifestación de estudiantes no armados, el 12 de febrero de 2014, en la que resultó muerto al menos a uno de ellos, Bassil Da Costa.
El Director Adjunto de la Dgcim Carlos Carvallo: Número de documento de identidad: V-10132041 Sexo: masculino.
General de división y director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
(DGCIM) desde el 21 de agosto de 2020. Sucesor del general Rafael Ramón Blanco Marrero.
Anteriormente, Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara sirvió en la DGCIM, en la región de Los
Andes, y ocupó un alto cargo en la Guardia Nacional Bolivariana.
Es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela cometidas por agentes de la DGCIM bajo su mando.
En las conclusiones publicadas recientemente por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se define a la DGCIM como una institución directamente responsable de cometer graves violaciones de los derechos humanos.
Jesús Vásquez, Fiscal General de la Fiscalía Militar: Número de documento de
identidad: V-7422049 Sexo: masculino.
General de división desde el 5 de julio de 2019 y fiscal general de la Fiscalía Militar desde
diciembre de 2017.
Como fiscal general de la Fiscalía Militar, es responsable de menoscabar la
democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. La Fiscalía Militar ha estado vinculada a la
persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y a la falta de investigación de incidentes,
incluido el caso de la muerte del capitán Acosta en 2019. Además, se está aplicando la justicia
militar a la población civil.