Ante la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro, que reafirmó la competencia de la jurisdicción penal castrense sobre infracciones militares cometidas por civiles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hizo un llamado a que abandone definitivamente el juzgamiento de civiles por tribunales militares.
Por Oas.org
La Cidh tuvo conocimiento de la sentencia Nº. 0246 del TSJ de Maduro del 14 de diciembre de 2020 que, aunque hizo mención a estándares interamericanos para anular una decisión del Tribunal Militar Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en favor de dos civiles, reafirmó la posibilidad de que la jurisdicción penal militar pueda conocer infracciones militares cometidas por civiles. A juicio de la Comisión, este razonamiento no responde al carácter absoluto que pesa sobre la prohibición de juzgar civiles ante la jurisdicción penal militar.
Según información suministrada por la sociedad civil, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha, al menos 870 civiles habrían sido presentados ante la jurisdicción militar; de estas personas, al menos 19 continúan privadas de la libertad. En el año 2020, se destacó el caso del líder sindical Rubén González, a quien una Corte Marcial de Caracas le confirmó una condena, de cinco años y nueve meses, de privación de la libertad impuesta por el Tribunal Militar Quinto de Juicio del estado Monagas. En 2018, el médico cirujano Iván Marulanda fue detenido y presentado ante tribunales militares en Fuerte Tiuna, permaneciendo privado de libertad por más de dos años. En 2017, el TSJ ilegítimo declaró que el diputado opositor Gilber Caro no contaba con inmunidad parlamentaria por tratarse de un diputado suplente, autorizando su detención y juzgamiento ante la jurisdicción penal militar por traición a la patria. Asimismo, preocupa especialmente a la Comisión que el uso de la jurisdicción penal militar se haya intensificado durante los episodios de protestas, como ocurrió en el año 2017, cuando más de 750 personas civiles fueron presentadas ante esta jurisdicción.
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