Los traslados desde centros asistenciales públicos son dolores de cabeza para familiares de pacientes, ante el 92,5 % en déficit de ambulancias en Lara. Una condición resumida en apenas 9 unidades para la región, de las cuales un par depende del apoyo de entes como Bomberos o Protección Civil.
Guiomar López // LA PRENSA DE LARA
Una deuda denunciada por el gremio y sindicatos que debería superar las 84 unidades, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al reiterar que se necesita de una ambulancia por cada 25 mil habitantes. Pero las fallas desde escasez de combustible o repuestos sencillos, como sustitución de cauchos y otras han sentenciado a ese abandono en talleres durante meses y hasta años, mientras familiares deben recurrir a vehículos particulares o gastar más de $ 50 en traslados del servicio privado.
El tema termina viéndose en la cotidianidad de la mayoría de los centros asistenciales, por lo que Alberto Domínguez, presidente del sindicato del Seguro Social, se hizo eco de la denuncia en colectivo que grita con más fuerza desde los municipios foráneos, cuya distancia puede estar desde áreas montañosas y con urgencias referidas al hospital más cercano o de acuerdo a la gravedad, directamente al Hospital Central Antonio María Pineda en Barquisimeto.
El lamento une a los residentes urbanos, a quienes también les toca resolver pidiendo la colaboración a vecinos o haciendo el esfuerzo por las ambulancias de redes privadas.
Es un recorrido que empieza por Iribarren, que siendo capital y el municipio más poblado requiere de al menos 63 unidades, por acercarse a 1 millón 500 mil habitantes.
Pero empezando por el principal centro asistencial que desde hace varios años se quedó en nulo, al igual que el pediátrico Agustín Zubillaga, Luis Gómez López y el seguro Pastor Oropeza. Mientras el Centro Ambulatorio Rafael Vicente Andrade, en Barrio Unión, hospital Juan Daza Pereira y La Carucieña, tienen una ambulancia cada uno.
“En un mes de abordaje se tiene una realidad que lleva varios años y con la posibilidad que varias puedan ser recuperadas”, señala al considerar que la directiva consiga apoyo de otras instancias, como soporte del sector privado y permanente con los vendedores de repuestos. De allí, que a más del 90 % de inoperatividad llama a la intervención de la Contraloría del Estado y Defensoría del Pueblo para una profunda auditoría, en procura del rescate de esas unidades perdidas entre el polvo de estacionamientos de centros o talleres sin la esperanza de ponerlas al ruedo.
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