El Grupo Idea expresó este viernes 30 de julio, a través de un comunicado, su preocupación ante las persecuciones y judicializaciones realizadas por el régimen de Daniel Ortega.
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“Suman ya veintinueve (29) las personas opositoras que han sido detenidas y con ello inhabilitadas por la dictadura para que participen en las elecciones previstas”, reza parte del texto.
A continuación, el comunicado íntegro:
DECLARACIÓN SOBRE LA DICTADURA NICARAGUENSE DE LOS ORTEGA-MURILLO
Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), nuevamente expresan su preocupación e instan a la Organización de los Estados Americanos a desplegar acciones más efectivas para que cesen las persecuciones y judicializaciones de quienes se oponen al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
En nuestra declaración anterior, de 4 de junio de 2021, hicimos constar el abierto desacato por la dictadura nicaragüense de todas las recomendaciones que le habían hecho la misma OEA, Naciones Unidas y la Unión Europea al objeto de que pudiesen asegurarse los estándares democráticos de las elecciones que deberían realizarse el mes de noviembre.
Suman ya veintinueve (29) las personas opositoras que han sido detenidas y con ello inhabilitadas por la dictadura para que participen en las elecciones previstas, sobre el gravoso antecedente de las 328 víctimas fatales de la represión desatada por los Ortega Murillo contra la población manifestante en 2018, como lo confirman los organismos de derechos humanos.
La reciente detención del excanciller Francisco Aguirre Sacasa (1997-2002) y la judicialización por traición a la patria de Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, dos dirigentes políticos encarcelados, se inscribe en el mismo patrón de violaciones sistemáticas de derechos de los que es responsable el gobierno de Daniel Ortega; quien a su vez ha ordenado la eliminación de veinticuatro (24) ONG’s de las cuales quince (15) se ocupan de defender el derecho a la salud de los nicaragüenses durante la pandemia del COVID-19.
Los gobiernos democráticos mal pueden permanecer indiferentes ante la muy grave situación que atraviesa la señalada república centroamericana, obviando los mecanismos de defensa de la democracia que legítimamente provee el Derecho internacional, en lo particular el interamericano. Y los organismos multilaterales, a su vez, han de tener presentes las obligaciones de prevención que les imponen sus estatutos, ante situaciones que presagian transformarse en tragedias humanitarias.
30 de julio de 2021