“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dijo el filósofo romano Seneca y es la célebre frase que retumba entre los venezolanos, indefensos con el sinsabor de un sistema judicial caracterizado por el retardo procesal y con el clamor de no perder la esperanza de la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). Especialistas denuncian que no se respetan los lapsos y la anarquía nubla los derechos humanos, jugando al cansancio de las víctimas en procura de sentencias.
Por Guiomar López | LA PRENSA DE LARA
La espera que puede empezar por las notificaciones luego de varios meses, la audiencia preliminar a más de 45 días y las fases de un juicio tan incierto en el tiempo, es el panorama que solo deja a las expectativas y a riesgo de la resignación de quienes se cansaron de tanto exigir justicia, más aún cuando se depende de la defensa pública por no poder costear los honorarios profesionales de un abogado.
No hay avances de la manera en que debería ser, es la apreciación de Manuel Virgüez desde la organización Movimiento Vinotinto en defensa de los derechos humanos, porque se siguen esperando por determinar responsabilidades. Señala la opacidad que ronda la falta de información a la que se enfrentan los defensores y familiares de víctimas.
“Se habla de impunidad y lo hemos vivido, sabiendo que de los asesinatos en las protestas nacionales con 90% de impunidad”, rezonga de un Estado que poco se interesa por agilizar el sistema judicial y la falta de respeto por el dolor de familias que perdieron a parientes y siguen esperando por el peso de la ley contra los responsables de estos hechos.
Están conscientes que el proceso es largo para el reconocimiento y apego a la CPI, pero solo aspiran que la demora no tenga la recarga por otra connotación y los casos sean sometidos a la imparcialidad. “Se esperan los tiempos de la instancia internacional, pero confiados en lograr la justicia”, señala Virgüez, frente a esa demostración de una cadena de mando, con alguna conexión al gobierno. No se trata de conformarse con la identificación del brazo ejecutor, sino trascender hacia la autoría intelectual.
¿Qué pasará?
Para el abogado y también miembro de Movimiento Vinotinto, Henderson Maldonado, se tienen las expectativas ante la CPI, que ya concluyó el examen preliminar y la fase de investigación es todo un proceso inédito para Venezuela. “Todos nos preguntamos: ¿Qué va a pasar?”, refiere de esa necesidad de respuestas que no han tenido por parte del Estado.
También se detiene en que desde el gobierno se desea dar a entender que existe una correspondencia y “presume estar apurado”. Pero se cuestionan las investigaciones, al tener casos de 2.017 que han sido reaperturados . “Se saben de algunos casos en Lara, donde han designado fiscales de competencia nacional que hurgan en las experticias necesarias desde balísticas, antropométrica y reconstrucción de los hechos”, refiere de esas fiscalías con informes que no han sido entregados a tiempo, algunos con periodos vencidos.
Precisa la recarga por retardo, con más fuerza al estar factores ligados al gobierno. “Son funcionarios que cumplen directrices del Estado y casi directamente del Ejecutivo nacional, que se deslindan de la protección de la nación”, lamenta y lo asocia al caso de la profesora Janeth Ángulo (55), asesinada en julio de 2017 durante una protesta en El Tocuyo. Su juicio fue absolutorio, pero se logró otra apertura de juicio.
Entre tanto formalismo se va mucho tiempo e incluso personas se mueren a la espera de la justicia. Una preocupación del politólogo Radamés Graterol, sobre el “formalismo” sin respuestas oportunas. “Así como se simplifican algunos procesos, el sistema judicial debería tener celeridad”, recuerda de funcionarios militares que no fueron sancionados por sus responsabilidades entre las víctimas de las protestas en contra del gobierno nacional.
“Tenemos victorias sin ser resarcidas, con víctimas en las que el tiempo pasa generando un estado de indefensión, omisión y autocensura por la resignación”, lamenta y recuerda que es más limitado en aquellos llevados por la defensa pública, sabiendo que genera más demanda hacia fiscales o jueces.
El costo puede ser muy alto, con la impunidad galopante y refiere que “cuando tenemos un Estado forajido, no hay fuerza superior internacional que lo obligue a responder e ir más allá de sanciones personales”. Identifica a la mayoría de denuncias por atropellos a la administración pública, perdidas frente a la omisión. “Es sentir a un Estado que abarca todo, como un monstruo o serpiente de varias cabezas. Te sientes solo y callas”, precisa de un silencio que carcome a la población en su reclamo por los derechos humanos.
La impunidad propicia abusos
Cuando el derecho no está al servicio de la comunidad ni en el orden constitucional, el venezolano queda en un sistema judicial en anarquía. Lo advierte Marisol Bustamante, politóloga y defensora de los derechos humanos, al lamentar que la población queda a merced de la violencia y siendo más propenso el abuso contra menores o mujeres.
Explica que se trata de un escenario tentativo frente a la impunidad, por tantos “filtros” para llegar a acceder a la justicia. Situación que es aprovechada por aquellas personas violentas y que arremeten contra los más vulnerables, siendo las mujeres maltratadas y los abusos hacia los niños, niñas y adolescentes que hasta pueden generarse por familiares cercanos.
“Tantas dificultades nos lleva a un problema de salud pública, donde el derecho a la justicia se reserva solo a particulares”, dice en tono de molestia, cuando los agresores se confían en las fallas del proceso judicial y los afectados se enfrentan a ese desgaste por dar continuidad a la denuncia o terminar derrotados por el desgaste.
Bustamante es luchadora social en Lara, quien ha acompañado a varias comunidades en el reclamo de sus derechos y considera la importancia de conocer la responsabilidad institucional. “Prefieren callar, caer en el silencio y terminar víctimas de la anarquía”, precisa de la necesidad de seguir presionando y exigiendo las sanciones a todos los responsables.
Recuerda que la justicia es uno de los primeros elementos para someter a la población y se condensa en los extremos sociales. Todo se acelera, pero siguen quedando atrás esos procedimientos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Llama a cumplir con los lapsos del proceso judicial con la legislación y tratados ajustados al estado de derecho en la población.
Falta simplificar procesos
La demanda es por una manera de agilizar los procesos y eso no se cumple teniendo varios meses de la intermitencia del sistema Juris 2000. Un recordatorio del abogado Emanuel Paradas, ante las fallas de este registro que permite ubicar denuncias y expedientes, para ganar tiempo en cada uno de los procesos.
Lamenta que pese a los intentos de actualización, los procedimientos siguen tardando y se debería tener de mayor acceso. Un tema que puede complicarse en los casos de la defensa pública que termina de colapsar por la demanda de tantas solicitudes. Lo ideal sería contar con una plataforma que suministre el expediente digital y así conocer el estatus.
Señala que las dificultades suelen empezar desde lo más sencillo, cuando conoce de abogados que han tenido que buscar servicios en el cyber e imprimir boletas, cuando el palacio de justicia no cuenta con impresoras. Servicios que van en precariedad.
Asumen desde la negociación
El área laboral es una de las áreas que no escapa al retardo judicial y empiezan a asumirla desde el acuerdo, propiciando una mediación. Así lo confirma Emanuel Paradas, abogado con experiencia laboral, acerca de los procesos de negociación que aplican para evitar una espera indefinida.
Precisa que los procesos pueden tardar más de un año. “Todo es tan tardío desde la instancia administrativa, más aún tratándose de instituciones públicas”, advierte de lo cotidiano con el colapso en la inspectoría del trabajo y con notificaciones que pueden tardar hasta dos meses.
Suma la falta de personal judicial y público que termina de extender los tiempos en la atención. “Impera esa falta de capacidad, donde el denunciante queda a merced del tiempo”, admite con el recordatorio de un avance de acuerdo a la experiencia del abogado.
Ubica el desgaste de las víctimas consumidas por el retardo, que durante la pandemia por Covid 19 en 2020 se terminó de agudizar y va quedando en costumbre que solo para iniciar el procedimiento se lleva más de 30 días.
De allí, es que una resolución de conflicto a nivel laboral no puede esperar por tanto tiempo y abren el proceso de negociación, desde la mediación. “Esto es lo más práctico para llegar a un acuerdo y sin extenderse”, precisa de esa agilidad de poder llegar a conciliar con las partes afectadas.
Este panorama lo avala la politóloga Marisol Bustamante, cuando denuncia esa falta de recursos e intención desde diversas instancias y que puede tener más recarga en el área penal. “Pero todo es tan generalizado y solo se exige el respeto de los derechos”, precisa.
Clama por el acceso a la justicia de manera directa, con protocolos que sean más accesibles y se respete el tiempo reglamentario. Una exigencia desde el colectivo que vive la angustia ante la perdida de un ser querido, por atropellos y demás abusos que no terminan de tener responsables.
No entienden cómo se esperan respuestas de casos durante las protestas de 2017 e incluso se puedan tener juicios absolutorios, con la solicitud pendiente de apertura de juicios.