La tarde del viernes 17 de marzo de 2023 se empezó a develar oficialmente otra cara de la corrupción que se ha enquistado en Petróleos de Venezuela S.A, Pdvsa, la principal empresa del país y responsable de generar la mayoría de las divisas que ingresan a las cuentas nacionales. Ese día se hizo pública la persecución contra un grupo de personas que habría permitido que buques cargados con millones de barriles de petróleo salieran de los muelles de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos cargamentos entrara a las arcas de la petrolera estatal.
Los primeros anuncios llegaron de la Policía Nacional Contra la Corrupción, que emitió un comunicado en el que aseguró que había pedido al Ministerio Público el “encauzamiento judicial” de una serie de ciudadanos que ejercían funciones dentro de la industria petrolera nacional, así como personas involucradas con el poder judicial y algunas alcaldías, quienes presuntamente podrían estar “incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
La mayoría de los anuncios siguientes estuvieron a cargo del fiscal general designado por Constituyente, Tarek William Saab, quien en declaraciones a medios de comunicación y ruedas de prensa asomó parte del modus operandi: entre octubre y noviembre de 2022, comenzó a ser investigada una red de altos funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, quienes se valieron de sus cargos para ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo, paralelas a Pdvsa.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por el fiscal, las operaciones ilegales consistieron en la asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a particulares, incumpliendo normativas de contratación, sin ningún control administrativo, ni garantías. Una vez comercializado el petróleo adjudicado ilegalmente, se incumplía con los pagos correspondientes a la petrolera. Además, se habrían usado criptomonedas para lavar el dinero,.
La red también habría usado un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. Los delitos que se les imputan son apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación y traición a la patria.
Pese a que desde el anuncio de las primeras detenciones son muchas las dudas presentes en la población venezolana, los entes públicos no han ofrecido información más detallada sobre el mecanismo de corrupción empleado, tampoco han informado a profundidad sobre el papel de cada uno de los detenidos, la cantidad de dinero público comprometido y su ubicación. No obstante, publicaciones realizadas por organismos internacionales, reconocidos medios de comunicación y centros de estudio tenían al menos cuatro años alertando sobre las opacas y riesgosas operaciones que estaba llevando a cabo Pdvsa para vender su petróleo luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019. El seguimiento y análisis de los reportes permite reconstruir la nueva trama de desfalco a la estatal.
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