Luego de que la maestra Omaira Guiza, quien laboró por más de 25 años como dependiente de la Dirección de Educación del Táchira, falleciera hace tres días sin recibir su pago de jubilación, un grupo de docentes se apostaron en la oficina del citado ente regional para exigir una respuesta sobre el dinero que les corresponde.
Por Anggy Polanco / Corresponsal lapatilla.com
Alrededor de 220 educadores dependientes de la Gobernación del Táchira, contabilizan 10 meses sin recibir el pago, fruto de los años de servicio. Varias de las profesoras son pacientes con cáncer y otras enfermedades graves, que esperan la cancelación de su jubilación para costear tratamientos médicos.
“Le exigimos al director de educación que se nos cancele nuestro pago por tantos años de servicio que tuvimos al frente del Ejecutivo”, dijo María Ochoa.
La maestra lamentó que este jueves, cuando se acercaron a la sede de la Dirección de Educación, el encargado del ente no las pudo recibir a todas, sino solo a tres. “Cuando nosotros le servimos al Estado, le entregamos todo, entregamos nuestra vida, esmero y amor a los niños, y no es posible que la Dirección de Educación sea tan indolente con nosotros”.
Narró que la maestra Omaira Guiza falleció en condiciones infrahumanas, estaba hospitalizada y no tenía dinero para pagar su tratamiento. Pese a que se le pidió al ente que le pagaran a ella por adelantado, la profesora murió sin recibir el beneficio que le correspondía por ley.
Eglia Castillo, profesora jubilada desde septiembre del año 2022, expresó que en mayo les habían dicho que esperaran 45 días hábiles (que se vencieron el 14 de julio) para enviar el pago de las prestaciones, pero hasta la presente no lo han recibido.
La respuesta que reciben es que faltan docentes por retirar los finiquitos, pero Castillo recordó que las jubilaciones son individuales, no grupales. Por tanto, exigen al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, como patrono, a que revise lo que está sucediendo.
También expresaron su rechazo a la migración de la nómina de docentes estadales a la nómina nacional. Maritza Martínez, profesora estadal jubilada, denunció irregularidades en los cálculos de los finiquitos, ya que solo les tomaron en cuenta los años como personal fijo y no les añadieron los cálculos como contratadas.
“Queremos hablar con el gobernador, hay personas enfermas, yo tengo dos hernias discales e insuficiencia venosa como para estar aquí todos los días esperando a que se consuele el director de educación”, agregó Martínez.
Ildemaro Useche, representante de la Federación Venezolana de Maestros, apuntó que estos docentes esperan por el pago de sus prestaciones sociales, ya que es un acto humano y un derecho consagrado en la Constitución, sobre todo cuando este dinero ni siquiera les alcanza para compensar sus principales necesidades. Se está violando un derecho cuando hay mora.
“Ha habido un trato con unos docentes, que le dieron más de 20 años a la educación a un Estado, y que hoy la recepción que le dieron a los docentes, deja mucho que desear de quienes están gobernando”, dijo Useche.