Gerardo Ramírez, dirigente sindical del magisterio y diputado del Consejo Legislativo del estado Táchira, condenó la sentencia a 16 años de prisión a la que fueron sometidos seis dirigentes sindicales, sociales y populares de Venezuela.
Por Anggy Polanco / Corresponsal lapatilla.com
Señaló que los dirigentes fueron acusados, sin ningún tipo de pruebas y evidencias, por el solo hecho de que a partir del mes de julio de 2022 salieron a la calle a reclamar salarios dignos y exigirle al régimen que devolviera lo que les han venido robando con el instrumento Onapre.
“Son profesores que forman parte de la Central ASI, profesores con postgrados, uno de ellos, presidente de la Federación Judicial”, refirió Ramírez.
“Quien se hace llamar dirigente obrero, dirigente sindical, hoy le da un golpe de Estado a la democracia sindical”, añadió.
Exhortó a la Corte Penal Internacional, al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, a la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, para que aborde el tema de la violación de los derechos humanos que viene ocurriendo contra dirigentes sindicales.
Apuntó que esta acción vil del régimen solo envía un mensaje a los trabajadores del movimiento sindical de que no pueden salir a la calle a exigir calidad de vida, salarios y contrato colectivo, acción natural en cualquier país del mundo que, además, lo contempla la Constitución.
Así mismo, pidió a los movimientos sindicales volver a tomar las calles de manera pacífica en los próximos días.
“Quienes estamos en la calle, estamos expuestos a esta conducta de inquisición por parte del régimen de Nicolás Maduro. Todos los dirigentes estamos amenazados de que ocurra este escenario, pero esto no nos va a amilanar”, aseveró.
Criminalizar la protesta
Por otro lado, a través de un comunicado, la Central de Trabajadores ASI seccional Táchira ha manifestado su rechazo, contundente y enérgico, a la decisión judicial que condenó a 16 años de prisión a dirigentes sindicales y líderes sociales como lo son Gabriel Blanco, (Secretario de Información y Estrategia de la Seccional Caracas de la Central de Trabajadores ASI), Reynaldo Cortés (CTV), Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo y Emilio Negrín (Codesa)”.
Del mismo modo, señalan que “no se puede criminalizar y condenar la libertad sindical, que ante la indolencia del Estado venezolano y la precariedad del salario y beneficios laborales de los trabajadores venezolanos, se alce su voz, levante consignas o denuncie la falta de atención del Estado venezolano a la clase trabajadora”, según expresa el comunicado.
Por tanto, realizaron un llamado a la sindéresis de los órganos judiciales del país, a los cuales corresponde conocer la apelación de la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, así como a los organismos internacionales la intermediación en la resolución y liberación de los 6 dirigentes sindicales, alegando que se mantendrán en la mesa dialogando y en la calle protestando, porque sin sindicatos no hay democracia.
Ezequiel Urbina, dirigente municipal del Táchira, manifestó que “en Venezuela han persistido las políticas antisindicales y la represión contra los luchadores que solo están exigiendo un salario justo para poder sobreponerse a la situación económica que hoy atraviesa el país”.
De igual manera, dijo que estos luchadores sociales se encontraban detenidos desde el año pasado por protestar y exigir sus derechos como trabajadores, por lo que se pide “su pronta liberación, así como la de todos los presos políticos, porque estos dirigentes sindicales no han cometido ningún delito y únicamente ejercían sus derechos fundamentales”.
Además, el representante municipal expresó que el Voluntariado de María Corina en el Táchira exige que cese la represión contra dirigentes sindicales, sociales y activistas políticos, además que acabe el patrón de persecución contra quienes “luchamos por un cambio total del modelo político y económico que afecta a todos los venezolanos”.