Más de un año tienen detenidos seis dirigentes sindicales. El motivo: encabezar protestas por salarios dignos y otras mejoras laborales, peticiones que son recurrentes en Venezuela desde distintos sectores de la administración pública, entiéndase, salud, educación, empresas básicas, entre otros.
Pableysa Ostos // lapatilla.com
Los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín estuvieron participando en las movilizaciones para exigir respeto a los derechos humanos laborales, salarios justos y la derogación del memorándum 2792 y posterior instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Estos seis hombres fueron detenidos en julio de 2022: cinco de ellos estuvieron recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sede La Yaguara, parroquia El Paraíso, y uno lo encarcelaron en la Zona 7 del municipio Sucre. Tras un año y casi dos meses detenidos, el 1° de agosto de 2023 recibieron una condena de 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
¿Las pruebas en su contra? Capturas de pantalla y mensajes publicados en la red social X (antes conocida como Twitter) fue lo único presentado por la fiscalía durante el juicio.
“Los seis permanecen en La Yaguara, esperando la sentencia escrita que deberá disponer a qué centro de reclusión serán enviados”, expresó Eduardo Torres, abogado del caso.
Torres señaló que la sentencia es “una aberración, porque ellos están asociados para defender derechos y los ampara no solo la Constitución y las leyes, sino el Convenio 87 de libertad sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
El abogado, quien ha acompañado a los seis sindicalistas desde su detención, remata con esta aseveración: “Es una retaliación política y también un mensaje de amedrentamiento contra los sectores laborales, trabajadores y sindicalistas que están en lucha por los salarios. Recordemos que ellos fueron detenidos entre el 4 y 7 de julio del año pasado, cuando la lucha por los salarios, convenciones colectivas y contra el instructivo Onapre estaban en un punto álgido de una protesta generalizada a nivel nacional”.
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), a través de su cuenta en la red social X, rechazó la decisión del tribunal. “Una condena arbitraria de ‘conspiración’ por presuntas capturas de WhatsApp. El único testigo denunciante nunca se presentó en 1 año y 2 meses. Los luchadores sociales se mantenían en las calles por la exigencia de salarios dignos en Venezuela y contra la Onapre. Un nuevo golpe a la protesta social, libertad sindical y sus derechos fundamentales”.
Quiénes son los detenidos y cómo fueron sus detenciones
– Gabriel José Blanco Flores es un sindicalista y trabajador humanitario de la ONG Éxodo. Colaboraba con Provea y es dirigente de la Central Sindical Alianza Sindical Independiente (ASI). También apoyaba con los medios de comunicación de ASI-Caracas. Estuvo por un tiempo en las filas del partido de izquierda Bandera Roja.
Blanco fue aprehendido el 7 de julio de 2022 en la madrugada, específicamente en su residencia, ubicada en la parroquia Coche de Caracas, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Un día antes, el 6 de julio de 2022, en horas de la noche, había sido abordado e interceptado por unos efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Blanco se negó a acompañarlos para una supuesta “entrevista”, pues los funcionarios no presentaron ningún tipo de orden judicial que lo vincula con alguna investigación penal en curso.
– Néstor Astudillo es sindicalista y delegado de la Central Sindical ASI en el estado Miranda y activista político del partido Bandera Roja.
Fue detenido en los Valles del Tuy el 6 de julio de 2022, por funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, los cuales no poseían identificación. Llevaban vestimenta negra, armas cortas y largas, según relató a sus abogados. Astudillo estuvo preso en 2014 por participar en las protestas contra las políticas económicas y sociales del régimen chavista.
– Reynaldo Cortés es miembro del Consejo Regional de Trabajadores del estado Guárico dentro del organigrama de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). También es dirigente del partido Bandera Roja en Guárico.
Fue detenido la madrugada del 7 de julio de 2022, presuntamente por una orden de un tribunal de Caracas, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Lo trasladaron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y lo presentaron ante un tribunal, que declinó su competencia. Lo llevaron a Caracas para su presentación.
– Alcides José Bracho Vivas forma parte del Sindicato de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) afiliada a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Es profesor de Química y Artes Plásticas. Milita en Bandera Roja.
Bracho fue aprehendido el 4 de julio de 2022 en su casa ubicada en El Junquito. En el procedimiento participaron al menos 10 funcionarios de la PNB. Según lo relatado por el abogado Eduardo Torres, los funcionarios entraron por la fuerza a su apartamento sin orden judicial, registraron completamente la casa y le incautaron dos computadoras y dos celulares, incluido el de su esposa.
“Además, saquearon la casa llevándose dinero, relojes, joyas y otros utensilios del hogar. Fue trasladado a la sede de la PNB en La Quebradita, Caracas”, agregó el jurista.
– Alonso Meléndez es ingeniero en pesca y tiene diplomados en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Docencia Universitaria y en Derecho Laboral y Gestión del Talento Humano. Cursaba una maestría en Gerencia Pública en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Este dirigente trabajó en las refinerías Amuay y Cardón del Centro de Refinación Paraguaná, como asistente de planificación y medición de obra, y como capataz de mecánica. Integra las filas de Bandera Roja.
El 5 de julio de 2022, la PNB allanó su casa ubicada en Los Taques, estado Falcón. Lo detuvieron en la madrugada del 6 de julio. Lo trasladaron a Caracas, a la sede policial de La Quebradita, dos días después de su detención, porque el tribunal de Falcón donde lo habían presentado declinó su competencia.
– Emilio Antonio Negrín Borges es abogado, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales. Coordina el área judicial de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores y forma parte de la Central Sindical Confederación de Sindicatos Autónomos-Codesa. Participó como delegado de Codesa en el 1º Foro de Diálogo Social en abril de 2002.
“Fue secuestrado el 5 de julio, en la mañana, por tres presuntos oficiales de la Dgcim, quienes se presentaron en su residencia en El Junquito y le pidieron que lo acompañaran a la sede de la PNB en La Quebradita para ‘una supuesta entrevista’. No tenían orden de detención. Estuvo 72 horas privado de su libertad y no se le permitió ver a sus familiares. Quedó bajo custodia del Estado”, detalló el abogado.
Torres recordó que la UNETE-CODESA emitió una solicitud urgente de intervención ante el exdirector general de la OIT, Guy Ryder, documento que reposa en la oficina del DG-OIT y da constancia de la misma con fecha 5 de Julio de 2022.
Allí se denunció la detención arbitraria del dirigente sindical Emilio Antonio Negrín por parte de la Dgcim, que procedió a detenerlo de forma arbitraria y lo trasladaron específicamente a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“Queremos informarles que nuestras organizaciones UNETE-CODESA hemos enviado sendos documentos ante los Consejos de Administración de la OIT y organismos de control denunciando las amenazas, hostigamiento, vigilancia y detenciones arbitrarias ejecutadas y realizadas por los órganos de seguridad del Gobierno de Venezuela”, se expresa en el documento enviado a la Dirección General de la OIT.
Exigen liberaciones
Durante el primer semestre de 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 4.351 protestas en toda Venezuela, un incremento de 12% en comparación con el primer semestre del 2022. Precisa que los derechos laborales fueron exigidos en 3.112 de las manifestaciones, en rechazo al salario mínimo oficial.
El pasado lunes 7 de agosto, los familiares de los seis líderes sindicales y los abogados del caso exigieron que el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, que se pronuncie sobre las declaraciones del fiscal general del régimen, Tarek William Saab, quien negó que fueran dirigentes sindicales y aseguró que supuestamente tenían previsto llevar acciones contra el gobierno, entre ellas asaltar una instalación militar para apropiarse del parque de armas.
Por su parte, Yorbelis Oropeza, activista y esposa de Alcides Bracho, advirtió que los familiares de los 6 trabajadores están fortalecidos a pesar de la condena de 16 años. “Nosotras estamos tristes, pero no estamos vencidas. Nicolás Maduro, tú nos tienes miedo”.
“Somos hostigados y perseguidos por un Estado que pretende permanecer en el poder a costa del sufrimiento”, sumó Oropeza.
Ana Rosario Contreras, enfermera y dirigente sindical, expresó a través de unos videos publicados por Provea en la red social X: “Nos pueden llamar terroristas, no nos vamos a quedar callados y vamos a seguir en la calle denunciando el hambre”.
Para Gricelda Sánchez, docente y dirigente sindical, “es una tragedia lo que estamos atravesando todos los trabajadores del país”.
Tres dirigentes más
En Ciudad Guayana a 672,8 kilómetros de Caracas la realidad no es muy distinta. En menos de cuatro meses han sido detenidos tres dirigentes sindicales y todos han terminado en centro de reclusión en la ciudad capital.
Daniel Romero, tiene cuatro hijos (todos menores de edad). Tiene más de 12 años de servicio en Sidor, estaba como personal no requerido. Es un trabajador de base, específicamente del área de palanquilla.
Romero tiene una enfermedad estomacal, por lo que necesita una comida especial. También fue candidato a la alcaldía del municipio Sifontes en el 2021, por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Leonardo Azócar, es trabajador de laminación en caliente, con 34 años de servicio, es el secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss). Tiene 8 hijos y es el cuarto de siete hermanos.
Es hijo de Luis Azócar Malavé, primer presidente de ese sindicato. Su papá consiguió firmar el primer contrato colectivo con Sidor y las bases, así como el contrato colectivo para las demás empresas básicas de Ciudad Guayana. Fue el primer dirigente sindical en demandar a una empresa del Estado y ganar dicha demanda.
Azócar y Romero fueron detenidos en junio de 2023 e imputados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y boicot.
Provea aseguró que en lo que va del 2023, al menos, 21 empleados de Sidor han sido privados de libertad por exigir mejoras laborales y pago de deudas.
“Daniel Romero, Juan Cabrera (liberado a horas de su detención) y Leandro Azócar se suman a la lista de trabajadores víctimas de detenciones arbitrarias por el Gobierno ‘obrero’ de Nicolás Maduro en Venezuela”, dijo la ONG, que además señaló que en enero fueron detenidos y posteriormente liberados otros 18 trabajadores de Sidor.
En julio fue detenido Bladimir Josué Tremaria, presidente del Frente Unidos de Trabajadores Socialistas (Futseb) del estado Bolívar. Es padre de tres hijas.
A Tremaria le imputaron conspiración, tráfico de material estratégico, asociación para delinquir y encubrimiento.
Según el abogado Torres, estas detenciones son un mensaje a los trabajadores y sindicalistas que manifiestan en las calles. “Usaron a un patriota cooperante, un denunciante anónimo. Claro, ha pasado un año y dos meses, y el que realizó la denuncia ni apareció. Pero las protestas siguen en las calles, pese a los presos, los que tomaron en Sidor, el de la construcción de Bolívar, pese a todos esos amedrentamientos, siguen la lucha”.